De bajada en las encuestas

Posiblemente esta encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), correspondiente a junio, que publica La República, marcará un hito en la agenda política de una manera inusual. La medición corresponde al reinicio de las protestas ciudadanas que, este último sábado, tuvieron su primera movilización.

La mandataria Dina Boluarte tiene 80% de desaprobación y solo un 12% de respaldo. Hay un dato adicional que es de sumo interés para el análisis: el 51% de peruanos considera que su Gobierno es peor que el de Pedro Castillo.

Estos indicadores sumados a los del otro socio, es decir, el Congreso de la República, permiten verificar que el respaldo al Legislativo es ahora de un magrísimo 6%. De 100 peruanos solo 6 aprueban lo que hacen y dicen los parlamentarios.

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Estas cifras muestran a las claras la falta de legitimidad que está afectando a los poderes políticos. Sus actos merecen rechazo generalizado de la población. Sin embargo, ambos, el Legislativo y el Ejecutivo, siguen impertérritos destruyendo la institucionalidad, liquidando en la práctica la independencia de poderes, insuflando de poder ilegal a un Congreso desprestigiado, mientras invocan a una Constitución a la que han perforado con parches y remiendos que tienen nombre propio.

En la entrevista que concede a La República el politólogo Alberto Vergara, señala que la coalición Boluarte-Congreso es más autoritaria que la que representó en el pasado Alberto Fujimori. Sin agenda, con la voluntad de estar allí, en el poder, mientras se pueda. Sabiendo de antemano que son tan mediocres que nunca podrían ganar unas elecciones, se cierran en banda para evitarlas y responden con balas a quienes reclamen.

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El reinicio de las manifestaciones ciudadanas, que tuvieron variadas agendas, no fueron suficientemente convocantes. Podría ser producto de los intereses que promueven o la falta de liderazgos claros. Sin embargo, muestran la persistente necesidad de protestar de un sector de la población.

Las amenazas contra la vida, la búsqueda de ilegalizar el reclamo y toda la maquinaria estatal contra los reclamos podrían ser superadas por esta voluntad popular de no callar contra el abuso. Habrá que ver cómo se canaliza en julio la indignación de los peruanos.