¿Cuántas muertes más quieren?, por Marisa Glave

Las últimas declaraciones de la señora Boluarte son una amenaza contra la ciudadanía que se organiza para ejercer su derecho a la protesta. Es una abierta demostración de un ejercicio autoritario del poder, basado en la fuerza de las armas y no en la legitimidad social.

Con menos de 15% de aprobación, la sobrevivencia de Boluarte en el poder depende exclusivamente del beneplácito de la componenda política congresal y de la acción represiva de las fuerzas del orden. Ambas condiciones son inestables y lo sabe bien la actual ocupante precaria de Palacio de Gobierno.

El Congreso tiene una agenda propia con dos objetivos. Por un lado, el copamiento institucional, del que ya hemos hablado y que tiene como últimas víctimas los organismos electorales —en particular el Jurado Nacional de Elecciones— y la Junta Nacional de Justicia. Por el otro, la bicameralidad como mecanismo de continuidad.

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La compraventa de votos en el Congreso es intensa estos días. El cogoteo de Alva en cámaras —su verdadero retrato— es solo una expresión de lo que pasa en los pasillos congresales todos los días. El objetivo es lograr a como dé lugar 87 votos para evitar un referéndum. ¿Por qué? No solo porque en general la bicameralidad no es la propuesta más popular, sino porque esta versión supone crear un Senado hiperpoderoso, uno que no podrá disolverse bajo ningún concepto y que tendrá hegemonía limeña, pues, como se sabe, el voto por distrito único privilegia la representación de las circunscripciones más grandes y Lima, no lo olvidemos, concentra el 30% de la población. Se pretende con este cambio bloquear los caminos institucionales a las propuestas de cambio que vienen desde las demás regiones y provincias del país.

Estarían por lograr pronto los votos. Boluarte les es útil solo mientras duren estas negociaciones, luego es desechable. De hecho, Boluarte es un costo electoral. La mejor evidencia es la última declaración de la señora Fujimori, tratando de desmarcarse de este Gobierno. Es evidente que no quiere cargar con un peso muerto.

Por otro lado, las declaraciones de Boluarte y Otárola echando toda la responsabilidad de las más de 60 muertes a la PNP y a las FF.AA. son también una señal de alerta para los oficiales encargados de reprimir a la ciudadanía. No es solo la justicia peruana, son organismos internacionales los que observan con detenimiento la violación de derechos humanos en nuestro país desde el 7 de diciembre. La amenaza de Boluarte, preguntando “¿cuántas muertes más quieren?”, ante la reactivación de las protestas, es una señal más de su mando sobre las acciones represivas del Gobierno. Ojalá que quienes reciben las órdenes sean conscientes de la carga de responsabilidad que les echarán encima.

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Cuánto tiempo le queda a este Gobierno no es seguro. Lo que sí es seguro es que las amenazas de Boluarte no impedirán que la ciudadanía se organice y proteste contra este régimen.