La respuesta del Consorcio

En el contexto político tan crispado, las universidades Católica, De Lima, Cayetano Heredia y Pacífico, que forman parte del Consorcio de Universidades, salieron en conjunto a responder al ministro de Educación, que ha dado una declaración ante la prensa en la cual enjuiciaba severamente el papel de los centros superiores de estudios integrantes del Consorcio, lanzando graves cargos en su contra.

El ministro Oscar Becerra, a quien se ha ligado a los intereses de un partido político y de una universidad, estuvo también vinculado a un caso de sobrevaloración de laptops por 11 millones de dólares, durante el gobierno del expresidente Alan García. Estos antecedentes podrían servir para entender los graves enjuiciamientos realizados por el titular de Educación sobre el Sunedu y el Consejo Nacional de Educación.

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Además de lanzar cargos agraviantes sobre el perfil de los técnicos que estuvieron a cargo del manejo de la superintendencia y otros, integrantes del Consejo Nacional de Educación, cuestionó decisiones que se adoptaron para el licenciamiento o no de algunas universidades, deslizando que ha habido preferencias para adquirir este estatus.

La demolición de la Sunedu para dar paso al retorno del fracasado modelo de gestión anterior, en el que los rectores eran jueces y parte de su propia evaluación, es una decisión de la que Becerra ha sido el principal operador. Las universidades no licenciadas han intentado una y otra vez capturar la Sunedu; esta vez lo han logrado con la complicidad del TC y el Gobierno de Dina Boluarte.

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El Consorcio ha rechazado los cargos lanzados con tanta ligereza y que tienen un objetivo definido: dañar el prestigio de quienes están denunciando el golpe mortal propinado por este Gobierno a la calidad de la educación. Se ha montado sobre una campaña ya existente de demolición de la superintendencia, ha alentado los lugares comunes y ha reforzado los fake news que promueven los mercaderes de la educación, que están defendiendo sus intereses particulares.

Es el momento de un debate serio y sin adjetivos descalificantes, para determinar el futuro de la educación y el mejoramiento de la calidad. Se necesitan planes, propuestas, indicadores, metas para evitar que el dinero imponga sus reglas y volvamos al modelo de las universidades-estafa, que han perjudicado tanto a familias como a estudiantes.