Walkover laboral, por Marisa Glave

Por: Marisa Glave

El gobierno ha decidido tirar la toalla en una de las pocas normas laborales aprobadas en la época de Castillo que sí significó un cambio para las y los trabajadores. Me refiero a las modificaciones que se hicieron al reglamento de la Ley de Tercerización.

Confiep y diversos gremios empresariales se opusieron abiertamente a estas modificaciones y buscaron su derogatoria. Diversas empresas han presentado tanto en Indecopi como en el Poder Judicial acciones puntuales contra el reglamento.

Esto era de esperarse, es evidente que una norma que limita las posibilidades de contratar a terceros para así desvincularse de las relaciones laborales con trabajadores sacaría ronchas.

Si la norma requiere ajustes, es algo que debiera surgir del diálogo social entre trabajadores y empleadores que debe fomentar el Ministerio de Trabajo. El Consejo Nacional de Trabajo debería servir como espacio de negociación para alcanzar consensos entre posiciones discrepantes.

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La realidad es que el CNT hace mucho tiempo, por distintas razones dependiendo del Gobierno de turno, no ha servido para esto. Pero el Gobierno de Boluarte, lejos de intentar reactivar el CNT y discutir sobre el fondo de la norma, lo que ha optado es por abandonar la defensa legal del reglamento.

Es decir, va a dejar que las y los trabajadores pierdan por walkover. Ha desactivado el equipo especializado encargado de la defensa constitucional y legal de las modificaciones hechas al reglamento. Esta acción muestra el carácter del nuevo Gobierno y sus alianzas prioritarias.

Pero no es lo único en riesgo en el sector trabajo, el ministro Adrianzén Ojeda ha mostrado su desprecio por las labores que su sector debe brindar para garantizar los derechos colectivos laborales o prevenir su afectación.

La Dirección General de Trabajo por un lado debe velar por la correcta aplicación de derechos como el de la huelga o el de la negociación colectiva, así mismo debe valorar los pedidos de empleadores de ceses colectivos o de suspensiones perfectas de labores.

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Su trabajo es delicado, requiere conocimiento, experiencia y además empatía por la función sindical. Adrianzén Ojeda ajeno a la esencia de su responsabilidad ha retirado al funcionario que estaba a cargo y ha simplemente hecho una encargatura al señor Campos Abensur, quien además detenta los cargos de jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica y jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria.

El señor Campos no tiene experiencia previa en materia de derecho laboral, viene de trabajar en municipios en el ámbito administrativo y su especialización es el derecho penal. Evidentemente no está preparado para el cargo y podemos advertir los riesgos.

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Quiero agradecer a Mariela Belleza por la alerta dada sobre este tema y la ayuda en la elaboración de esta columna.