Centro de Lima intangible

Una ordenanza municipal, la 2195, ha declarado “zona intangible” el centro histórico de la ciudad capital, que ha sido escenario durante enero y febrero de movilizaciones de personas que exigen el adelanto de elecciones, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el fin del Congreso actual y la realización de una asamblea constituyente.

Esta medida fue adoptada por mayoría del Concejo Municipal, según señalan sobre la base de otras ordenanzas y también decisiones del Tribunal Constitucional. El último sábado se dio a conocer los espacios de la ciudad que están prohibidos para la realización de cualquier tipo de concentración pública.

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La plaza de Armas, Palacio de Gobierno, las plazas San Martín, Dos de Mayo, Bolívar y el Congreso de la República han sido ya declarados áreas intangibles. También las avenidas Brasil, Grau, Tacna y Alcázar, entre otras, están comprendidas en esta zona rígida, en la que no se podrán realizar manifestaciones.

Se ha encargado a la procuradora municipal que se adopten las prohibiciones y sanciones para lograr que se cumpla la medida y que se evite que, además, se dañen y afecten la propiedad pública y privada en la zona rígida que se está estableciendo.

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Aunque se ha señalado expresamente que la decisión que está adoptando no busca impedir el derecho de las personas a la protesta, en la práctica, con el cumplimiento de la ordenanza no habrá posibilidad de que las manifestaciones alcancen estas áreas capitalinas.

El propio alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha señalado que con esta disposición se está promoviendo la ciudad como un “atractivo turístico a nivel mundial”. Según sus declaraciones, se trataría del cumplimiento de uno de sus compromisos asumidos durante su campaña electoral.

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La realidad detrás de esta declaración es el impedimento de la realización de manifestaciones de protesta, en momentos que en muchas regiones del país están convulsionadas y que cada día un conjunto de personas recorre la ciudad, precisamente por las áreas declaradas ahora intangibles. La decisión será considerada, sin lugar a dudas, una provocación y un apoyo abierto al Gobierno actual, que podría generar más protestas.