La oportunidad perdida

El Congreso no logra aún definir la fecha de las elecciones. Se podría haber aprobado el adelanto para el 2023, pero los extremos impidieron una mejor votación de esta reforma constitucional, que solo alcanzó los 45 votos a favor.

Pese a que se trata de una agenda planteada por el fujimorismo, con intereses particulares de carácter electoral como telón de fondo, se trataba de una oportunidad para zanjar con la exigencia de la ciudadanía que entre varios de los reclamos que plantea es que se vaya el actual Congreso y también la presidenta Boluarte.

La calle temporalmente podría haberse aplacado con este anuncio concreto de fechas para el acto electoral y también de recambio de autoridades del Legislativo y del Ejecutivo. Y es que reina la incertidumbre en torno a los próximos comicios, porque todavía no se ha votado por segunda vez la iniciativa venida del Ejecutivo para autorizar las elecciones generales en abril del 2024. Esta reforma constitucional necesita la segunda votación para definirse.

Se trató de una oportunidad perdida, en la que los polos opuestos se unieron para oponerse, tanto el sector más a la derecha del espectro político, que acusaba a la iniciativa de oportunista, como el sector radical de izquierda que antepone una asamblea constituyente a la elección de nuevos candidatos tanto del Legislativo como del Ejecutivo.

Los poderes del Estado se van deslizando por la pendiente de la impopularidad, así lo muestran las últimas encuestas del IEP. Un 74% está de acuerdo con la salida de Dina Boluarte del Gobierno, mientras que un 74% está de acuerdo con una de las demandas de las protestas que es la del cierre del Congreso. Esta respuesta muestra el respaldo mayoritario a los reclamos de los manifestantes. Aunque las movilizaciones mantienen un gran aliento de la población, también hay un significativo porcentaje de gente que considera que hubo excesos de la Policía. Un sector también respalda el uso de la fuerza necesaria para evitar el desborde.

Con estos resultados, las acciones del Gobierno para contener la protesta deberían ver la adhesión ciudadana a las manifestaciones y el Congreso actual tendría que valorar que solo uno de cada diez peruanos le da su respaldo. Posiblemente el adelanto de elecciones al 2023, entonces, alcanzaría más consenso en ambos poderes.