Dos años sin justicia, por Indira Huilca

La semana entrante se cumplen dos años de las movilizaciones de noviembre 2020, en las que miles de personas en todo el país protestaron contra el asalto al poder perpetrado por Manuel Merino y compañía, logrando su salida y un escenario de transición para dar cierre al inestable período de gobierno inaugurado con la elección de Pedro Pablo Kuczynski en 2016.

Estas marchas impresionaron por la rapidez de su convocatoria, por su carácter masivo —pese a las restricciones sanitarias en el contexto de pandemia— y por la criminal represión de la que fueron objeto, especialmente durante las noches del 12 y el 14 de noviembre, en las que cerca de doscientas personas resultaron heridas y dos jóvenes, Inti Sotelo y Bryan Pintado perdieron la vida tras ser abaleados.

La memoria de estos hechos forma parte de una disputa en varios niveles. Intervienen en ella los políticos que en ese contexto fueron desplazados del poder y que lograrían librarse de responsabilidades al controlar partidariamente la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, desde la cual tergiversaron el uso del antejuicio político y fabricaron un informe para bloquear la investigación que había recomendado la Fiscalía.

Para este sector, la represión policial no existió, los heridos y asesinados son un cuento y Manuel Merino es alguien que merece ser homenajeado (de hecho, fue homenajeado por Acción Popular en la sede del Parlamento en junio pasado).

En este esfuerzo por reescribir los hechos también participan quienes justifican directamente la brutal represión y desde su frustración actual como fallida oposición golpista, tildan a quienes se movilizaron, especialmente a las y los jóvenes de “cojudignos”, de haber sido manipulados.

Con gran osadía y estirando la lógica de los acontecimientos, tratan de responsabilizarlos de los desaciertos y las tropelías del actual gobierno de Pedro Castillo, como si de haber continuado el mandato de Merino se hubiera corregido mágicamente la deriva institucional y política en la que estamos inmersos al menos desde 2016.

Del otro lado de esta historia de tergiversaciones están las y los ciudadanos que se movilizaron conscientemente y que reivindican su participación en la caída de un gobierno ilegítimo, nacido no de las urnas, sino de componendas partidarias.

De ese otro lado están también las víctimas y sus familias, quienes si bien cuentan con el respaldo de las organizaciones defensoras de derechos humanos, han sido constantemente defraudados por las promesas de los políticos de la transición y han sido ignorados por el nuevo gobierno.

No se ha cumplido cabalmente con la atención o reposición de los gastos médicos y de recuperación de las personas heridas. Y en el caso de las muertes de Inti y Bryan, no se ha respetado el derecho de sus familiares a una investigación imparcial y célere.

Por el contrario, hoy el caso se encuentra paralizado, luego de que un juez de poco criterio decidiera que el expediente no merece el tratamiento de la justicia especializada en derechos humanos y lo derivara a un juzgado común, al no ser, según él, un caso complejo o de relevancia nacional. Las familias están a la espera de que se resuelva un recurso presentado por la fiscal a cargo, para que el caso vuelva a donde corresponde.

Por sus implicancias —se juzgaría a efectivos y mandos policiales— y por lo que significa sentar un precedente de justicia en cuanto a violencia de Estado, existe un grave riesgo de impunidad. Los responsables políticos ya fueron blindados por el anterior Congreso, no permitamos que esta situación se extienda también a los responsables policiales. Por este 12 de noviembre nos movilizamos acompañando a las familias de Inti y Bryan. Su lucha es nuestra.