Invasiones bárbaras

El jueves me avisaron que el Ministerio de Cultura, valiéndose de una interpretación incorrecta de la ley, pretendía botar a la directora de Patrimonio Inmaterial, Soledad Mujica. Ella, funcionaria de carrera con más de 10 años de experiencia en el puesto, es la creadora e impulsora de la exitosa feria artesanal Ruraq Maki, así como la gestora ante la Unesco de 11 reconocimientos de patrimonio universal sobre manifestaciones culturales, que van desde la fiesta de la Virgen de la Candelaria hasta la Huaconada de Mito (a la que dedicó años de investigación). Soledad es autodidacta, no tiene título universitario, pero su prestigio tiene reconocimiento internacional y local a través de cientos de artesanos que han mejorado su calidad de vida y han obtenido un enorme aplauso por la extraordinaria calidad de su arte.

Ante el escándalo y el respaldo inmenso que obtuvo de inmediato, el Ministerio sacó un comunicado en el que trataba de justificar el disparate. Una ley reciente, promulgada para que los altos niveles de dirección ministerial no se copen con los amigos del régimen, con escasa o nula preparación cuando no prontuariados y charlatanes, se le quiere aplicar como si fuera el caso. No lo es. Un cargo de carrera, de mando medio no está dentro de ese alcance. Lo que se hizo para evitar un abuso se usa para perpetrar uno muy grande, cuya agraviada no es solo Soledad Mujica, sino el conjunto de ciudadanos a los que su dirección sirve.

Construir una burocracia solvente, estable, predictible, tarda décadas. Los países desarrollados no podrían explicar el progreso de sus pueblos sin contar con ellos. En el Perú nos ha costado mucho avanzar un poco y, cuando se logra, inevitablemente la política, como invasión bárbara, liquida con su mercantilismo, populismo y clientelismo toda posibilidad de mejora. ¿Por qué importa tanto? Porque estas son las cosas que explican por qué es imposible sacar un pasaporte en el día (sin emergencia) o un brevete físico.

Esta desgracia tiene dos caras. Para la burocracia de carrera, el castigo. Pero para los altos funcionarios del Estado que tienen que pasar por el antejuicio del Congreso, la salvación. Alarcón, Gálvez y Chávarry. Luego Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez. Seis altos funcionarios sobre quienes lo único que se pedía era un proceso judicial con las garantías que la Corte Suprema les da. Ni eso.

Pero la peor cara está en el copamiento por delincuentes. Miremos el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. La Fiscalía investiga una organización criminal cuyo objeto es obtener contratos de obra pública fuera de los mecanismos regulares para otorgarlos a empresas que les pagarán las coimas correspondientes a sus servicios.

La voz de Zamir Villaverde, tanto con Bruno Pacheco como con el exministro Juan Silva (estos dos últimos prófugos), dejan lecciones clarísimas: en tres meses te haces rico, el 0,5% va para el nivel de arriba y para controlar la operación te basta con poner 20 empleados tuyos en puestos de menor rango mientras que los de arriban te bendicen. Eso sí, a los delincuentes no les gusta la competencia. Admiten el reparto controlado, pero que les salgan organizaciones criminales a quitarles el negocio buscando las mismas influencias que ellos ya han cultivado y afianzado con maletas de cien grandes, a modo de seña, como dice Villaverde, jamás lo van a permitir.

Por más congelado y triste que esté el humor nacional, por más necios que sean los fraudistas y los constituyentes, por más absurdos que sean los negacionistas, no podemos dejar de pelear. Esperemos que la pesadilla pronto acabe y que estas invasiones bárbaras sucumban ante el peso de un mínimo de civilización, Estado de derecho y esperanza de bien común. Preparados para lo peor, con esperanza de lo mejor, que se vayan todos y llegue, con todas las reformas políticas posibles, ese adelanto de elecciones que el país demanda.

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