En defensa de la investigación universitaria

La Ley Universitaria del 2014 ha contribuido a generar cambios en la investigación universitaria y del país. Por ejemplo, entre 2012 y 2013 solo el 64,3 por ciento de documentos disponibles en Scopus -una de las dos bases de datos de investigación- tenía contribución de al menos una universidad. Para el periodo 2020-2021 este porcentaje ascendió al 83,4 por ciento, incrementándose en más de cinco veces el número de artículos.

Todos los tipos de universidades han mejorado su producción científica, las privadas asociativas incrementaron en 3,8 veces en el mismo periodo, las públicas 5,6 y las societarias en 31,9 veces.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue una de las que más aprovechó estas condiciones. Triplicó su producción de 236 (durante el 2014) a 788 en lo que va del 2021, y pasó a liderar la producción nacional desplazando a las universidades privadas Cayetano Heredia y Católica del Perú.

Así mismo, la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa, primera fuera de la capital, subió de 28 el 2012 a 347 durante el año pasado. Ejemplos similares se replican en casi todas las universidades licenciadas públicas y privadas.

¿Por qué la ley aportó a este cambio?

Porque remarca a la investigación como una función básica de la universidad, establece bonificaciones para los investigadores de universidades públicas a través del Minedu, porque a través del licenciamiento por Sunedu establece ocho condiciones básicas que debería tener toda casa de estudios superiores (todas las universidades con licencia denegada incumplieron alguna de ellas). Porque exige que todo estudiante demuestre que aprendió a hacer investigación a través de un trabajo de bachiller, y transparenta ello a través de los repositorios de acceso libre.

Los aportes de la Ley Universitaria y el licenciamiento a la investigación universitaria son innegables y defenderlos es un deber, más aún en un contexto como la pandemia que nos ha mostrado que la ciencia es indispensable para el país.