La economía y la política

Esta semana el ministro de Economía Waldo Mendoza afirmó que para setiembre u octubre la economía estaría operando plenamente, pues la vacunación ha tomado una velocidad (llegó a 220.000 en el vacunatón) que permitiría vacunar a los mayores de 18 años antes de lo planificado (diciembre). De hecho, al día siguiente Oscar Ugarte presentó un cronograma actualizado que incorpora a los adolescentes de entre 12 y 17 para antes de fin de año. Considerando que el gobierno saliente está dejando casi 70 millones de vacunas aseguradas, el entrante podría incluso acelerar la vacunación un poco más.

Waldo Mendoza dijo, además, que la economía estaba recuperándose por encima de lo estimado. Los precios de los minerales, un nivel de crédito a las empresas por encima de lo esperado gracias a los programas lanzados por el Estado, así como el ritmo de ejecución de la inversión pública, habrían llevado a que en el primer trimestre se haya producido “casi lo mismo que en el mismo período del 2019, un año normal”.

Este es el contexto económico positivo que recibirá el gobierno de Castillo. Pero no todo es color de rosa. En dicho análisis no se incluye que el empleo no se está recuperando a la misma velocidad que el PBI, ni que el empleo que se está recuperando lo está haciendo con menores niveles de ingresos que los pre pandemia. A ello se suma el aumento de precios de bienes como los alimentos y los combustibles.

Este último punto puede ser el primer problema que enfrentará el gobierno de Castillo, pues las familias lo están afrontando sin empleo o con menores ingresos que hace dos años. En este sentido, es engañosa la afirmación de Mendoza sobre que no se requiere un nuevo bono dada la evolución del PBI y que el Índice de Precios al Consumidor está en el rango esperado. ¿Es más importante para las familias la evolución del IPC que la subida de los alimentos?

La respuesta puede ser válida para un gobierno saliente, y que tiene a su favor el éxito del plan de vacunación, que es el principal alivio que están sintiendo hoy las familias. Pero para un gobierno entrante podría implicar el primer termómetro de su capacidad de gestión.

En este sentido, además de calmar a los mercados, los anuncios que haga Castillo en 28 de julio tendrán que apuntar también a explicar cómo abordará los principales problemas que agobian a la población. Si el punto principal de su agenda sigue siendo la Constituyente cuando el peruano promedio sigue luchando por sobrevivir a las secuelas que va dejando la pandemia, pronto tendremos a un gobierno debilitado que parecerá desconectado de la realidad. Más aún cuando ni siquiera se ha especificado para qué buscan un cambio en la Constitución.

Hasta el momento Castillo y su bancada están mostrando dosis de realismo político en algunos temas. Por ejemplo, buscando alianzas en el Congreso, incluso para tratar de presidir la Mesa Directiva. También en el ámbito económico liderado por Pedro Francke. Incluso manteniendo su compromiso de llevar a cabo una reforma enfocada en la agricultura familiar (“segunda reforma agraria”), aunque haya aspectos que deban ser debatidos.

Lo que estamos por ver es si estas semanas de estar bajo el radar político gracias a la postergación de su proclamación como Presidente, le han permitido percatarse de que si no logra: (i) sostener el plan de vacunación y de adquisición de vacunas, (ii) demostrar que él y su partido están en capacidad de hacerse cargo técnicamente del Estado y (ii) construir alianzas políticas que le permitan sobrevivir cinco años, su gobierno será inviable no solo políticamente, sino que podrían llevarlo a perder el respaldo social que necesitará para gobernar e implementar las reformas que quiera llevar a cabo.