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Opinión

Bumerán

“En hora punta transitan en la Costa Verde alrededor de 15,000 vehículos, un promedio de 1.5 personas por vehículo, tendríamos 22,500 personas con alto riesgo de perder la vida”.

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En el pasado artículo “Contra la corriente” termino sugiriendo a los congresistas que es necesario eliminar la nefasta Ley de Fujimori 23306-1994, además de señalar la irresponsabilidad de la mayoría de los gobiernos municipales que, sin estrategia ni planificación, han tenido como táctica “poner la carreta delante de los caballos”, es decir, haciendo obras y nadando ciegamente contra la corriente del mar.

Obras en las que si se recorre la parte baja de la Costa Verde se puede comprobar el triste y franco deterioro y hasta la destrucción de muchas de ellas. Esto se debe a no haber previsto primero la defensa ribereña de la cuantiosa inversión pública realizada, como los malecones, escaleras, puentes, módulos de uso múltiple, quioscos, servicios higiénicos, techos sol y sombra, mobiliario urbano (bancas, luminarias, tachos de basura, señalética), entre otras.

En toda esta inversión urbana, además de carecer de calidad de diseño y del uso de materiales apropiados, brilla por su ausencia la falta de mantenimiento, y así comprobamos cómo el mar, la brisa del litoral y las aves marinas hacen su trabajo, acelerando la pérdida de la inversión, la que nosotros contribuimos con nuestros impuestos.

En cuanto al eminente peligro de la Costa Verde, hace unos días leí un artículo publicado en octubre del año pasado del ingeniero Raúl Delgado Sayán cuyo título era “El megasismo 8.5 - 8.8 MW y cómo salvar la vida y propiedades”. Allí describía a la Costa Verde como uno de los puntos más críticos de nuestra ciudad y anotaba que “el enorme riesgo sísmico que significa la posibilidad de desarrollo de lo que se conoce como un círculo de falla que implica el deslizamiento total del acantilado desde su parte superior hacia el pie del mismo.

Estos círculos probables de falla integral comprometerían la zona que se encuentra por encima de un arco cuyo radio sea igual a la altura del acantilado. Por ello se estima como zona insegura sobre las cuales no debería construirse la de una distancia del acantilado similar a la altura del mismo”. Es lo mismo que comenté decir del Ing. Kuroiwa hace cincuenta años, que las posibilidades de colapso total en zonas altas sobrecargadas son de muy alta probabilidad.

¿Qué ha pasado con los colegios de ingenieros, de arquitectos, INDECI y de las propias municipalidades? Pues nada, porque el apetito voraz del sector inmobiliario “pudo más” que la sensatez en la preservación y cuidado de la vida. Un total despropósito moral.

¿Se imaginan ustedes si sucediera un megasismo y lo que le pasaría a aquellas personas que transitan diariamente por la autopista o malecones en la parte baja de la Costa Verde y que pasados 15 minutos después del evento sísmico se genere un tsunami? Pues simplemente todos morirían porque no habría tiempo ni forma de evacuar los autos y las personas de a pie para escapar de tan desastroso momento.

Según estudios, en una hora punta transitan en la autopista de la Costa Verde alrededor de 15,000 vehículos, a un promedio de 1.5 personas por vehículo, tendríamos un total de 22,500 personas con alto riesgo de perder la vida. Todas ellas probablemente atrapadas sin poder salir hacia las rampas de subida por la congestión vehicular o aplastada por los derrumbes de los acantilados, sumado al hecho que hoy no hay suficientes escaleras de evacuación para escapar.

Esta falta ignorante de precaución me hace recordar el dicho de que “el mal que causamos es como un bumerán, siempre regresa hacia nosotros”.