Argentina. La lista fue preparada en el Centro de Estudios La Cámpora por Alex Kicillof, viceministro de Economía y el cerebro de la expropiación de la YPF., Agencias./ En estos días, los investigadores de La Cámpora, el ala juvenil del kirchnerismo, se apresuran a concluir un estudio sobre los delitos económicos que se cometieron entre 1976 y 1982, bajo las tinieblas del régimen militar. La investigación, dirigida por el viceministro de Economía, Alex Kicillof, indica que en ese período "hubo muchos empresarios que llegaron a participar directamente en la violación de los derechos humanos". Bajo la dirección de Esteban Kiper, el equipo del Centro de Estudios Políticos de La Cámpora (CEP) encontró que una parte del empresariado local apoyó y patrocinó el golpe de Estado de 1976, pensando en los beneficios tangibles que obtendría al hacerlo. Cabe señalar que la actual Dirección de Delitos Económicos (DDE), creada en el 2010 bajo el primer mandato de Cristina de Kirchner, funciona bajo el manto de la Secretaría de Derechos Humanos. Dicho de otra forma, ya de antes la administración K. vislumbraba una conexión entre sectores de la "plutocracia" y los generales que sembraron el terror en Argentina. Por citar un ejemplo, la propietaria del diario Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fue acusada de haber adoptado a dos niños sustraídos a sus madres en las cámaras de tortura. La causa no prosperó porque las pruebas de ADN demostraron que no había filiación entre los hijos adoptivos de la empresaria y las víctimas de la dictadura. Bajo la lupa del subinterventor de YPF se encuentra el holding SOCMA, de propiedad del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, al igual que la cementera Loma Negra, que la difunta Amalia Lacroza de Fortabat, la mujer más acaudalada del país, vendió a la brasileña Correa Camargo. El informe de La Cámpora también apunta a grupos tan prominentes como los de Techint, Pérez Companc, el Banco de Italia y el First Bank of América.
