Terror e incertidumbre: la cotidianidad en Nicaragua

En 1979, Daniel Ortega era un héroe de la insurrección del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que terminaba con la dictadura de Anastasio Somoza Debayle. Más de 40 años después preside en Nicaragua un “régimen autoritario”, sancionado por Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea (UE).

El viernes, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, dijo que los sufragios presidenciales de noviembre próximo han “perdido toda credibilidad” luego de que el tribunal electoral inhabilitara al partido Ciudadanos por la Libertad (CxL).

“Estados Unidos considera que las últimas acciones antidemocráticas y autoritarias del régimen —impulsadas por el miedo de Ortega a una derrota electoral— son el golpe definitivo contra las perspectivas de Nicaragua de celebrar unas elecciones libres y justas a finales de este año”, deploró Blinken.

Ortega ha sido criticado incluso por sectores de la izquierda internacional ante los recientes acontecimientos. Al menos 31 figuras de la oposición, entre ellas siete personas que posiblemente serían candidatas presidenciales, han sido detenidas en los últimos dos meses.

Estado de terror

Dos doctores atendieron a este diario desde Nicaragua bajo la condición de anonimato, temerosos ante una eventual repercusión por parte de las fuerzas de seguridad locales.

“Se vive terror dentro de Nicaragua”, subrayó un historiador. “Una incertidumbre constante de no saber quién va a caer preso el día siguiente y no saber cuándo va a parar”, lamentó.

Desde el Ejecutivo sostienen que “se está juzgando a criminales, no candidatos”. En junio pasado Ortega indicó en alocución televisada que sus rivales “quieren organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado para provocar lo que llaman el cambio de régimen”.

En abril del 2018 hubo masivas manifestaciones que, según organismos de derechos humanos, fue respondida con severos actos represivos. Más de 300 decesos, centenares en prisión, decenas en el exilio y miles de personas heridas es el saldo de las marchas.

“Quedó claro en 2018 que Ortega estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para perpetuarse él y su familia en el poder, porque recurrió a una violencia letal para aniquilar las protestas”, aseguró el historiador.

Camino libre

Ortega, de 75 años, fue oficializado la semana pasada por el FSLN como aspirante a la reelección junto con su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo. Para él sería su cuarto mandato.

Analistas coinciden en que la pareja presidencial ya tenía todas las posibilidades de triunfo electoral y ahora el camino queda totalmente liberado. “CxL solo iba a ser permitido correr hasta donde no le incomodara al Gobierno”, aseguró el experto en historia latinoamericana.

“No hay oposición”, subrayó un economista. “Los partidos que asisten a estas elecciones son conocidos como colaboracionistas que no tienen peso”, agregó.

No obstante, opinó que este panorama “no es sostenible de forma autónoma para un país pobre y vulnerable como Nicaragua”.

“Así que Ortega tiene un gran problema de cómo manejar esta situación después de las elecciones que pretende ganar a toda costa. Él buscará algún tipo de negociación que le compre estabilidad, legitimidad y acceso a recursos externos probablemente”, avizoró.

Llaman a consultas a embajadores

Nicaragua llamó el lunes a consultas a sus embajadores en Argentina, México, Colombia y Costa Rica, en rechazo a señalamientos “injerencistas”, informó la presidencia luego de que esos Gobiernos criticaran las detenciones.

Murillo fustigó “los constantes e inmerecidos señalamientos, irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en nuestros asuntos internos, de parte de las máximas autoridades de cada uno de estos países”.

Argentina y México retiraron a mediados de junio a sus embajadores de Managua, Costa Rica congeló el nombramiento de su representante y Colombia hizo lo propio el mes pasado en medio de una ola de arrestos a opositores, reseñó AFP. Nicaragua expresó su rechazo “categórico” a lo que calificó de “imitación caricaturesca” de quienes “se han arrogado funciones que nadie les ha otorgado”.