El País, AFP
Juan Guaidó afronta el momento más delicado desde que hace un año asumiera las riendas de la Asamblea Nacional de Venezuela. Su continuidad al frente del Parlamento, que fue el trampolín de su pulso a Nicolás Maduro y lo que le valió el reconocimiento como presidente interino del país de más de 60 Gobiernos extranjeros, que consideran el poder legislativo como la única institución legítima del Estado, está minada por la enésima ofensiva del chavismo. La creciente persecución a lo largo de este año se ha intensificado con la denominada Operación Alacrán, una maniobra, orquestada desde el Gobierno, para sobornar a diputados a cambio de que no den su apoyo a Guaidó y pierda el control del Parlamento el 5 de enero.
Según las denuncias de varios dirigentes opositores, algunos funcionarios del Gobierno de Maduro están orquestando el soborno de diputados opositores, ofreciendo sumas millonarias para que voten en contra de Guaidó que, según los apoyos que ha tenido hasta ahora, debería quedar reelecto en una votación prevista en torno al 5 de enero, fecha en la que termina su primer periodo como jefe de la Asamblea.
La bancada opositora que agrupa Guaidó es ahora superior a la de Maduro. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, que lidera el chavismo) tiene 51 diputados, y la que representa el presidente de la Asamblea, tras varias fisuras y deserciones, está en 93 escaños. El quórum se logra con 84 diputados (en total hay 167 escaños) y el presidente y miembros de la mesa de la Asamblea quedan electos por mayoría simple del voto de los asistentes.
Pero, según datos de la oposición, 27 diputados opositores están en el exilio y otros 29, enjuiciados sin tener en cuenta su inmunidad parlamentaria. Dos de ellos, Juan Requesens y Gilber Caro, están presos.
Al respecto, Estados Unidos ya había acusado el viernes al Gobierno de Maduro de buscar “impedir” la reelección de Guaidó con sobornos de hasta 500.000 dólares, y prometió reforzar las sanciones contra Caracas. “El régimen está utilizando amenazas, arrestos y sobornos, hasta 500.000 dólares por voto, nos han dicho, para impedir la reelección de Guaidó”, dijo Elliott Abrams, el alto funcionario estadounidense encargado de Venezuela.