Cinco millones de soles gastó el Estado entre enero a abril en diligencias en azucareras

Molestia. Jefe policial de Lambayeque criticó que por resoluciones de carácter privado, la PNP deje de brindar seguridad a la población.,Ysela Vega Chiclayo Solo en lo que va este año, el Estado gastó cinco millones de soles en el desarrollo de diligencias policiales en cumplimiento de mandatos judiciales en las empresas azucareras de la región Lambayeque. El jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Jorge Pérez Flores, señaló que la inversión por diligencia, la que comprende viáticos por traslado, estadía y rancho de los custodios del orden que participan en dichas actuaciones judiciales, asciende a un millón de soles. “De enero a abril del 2017 se programaron cinco diligencias por órdenes del Poder Judicial. Sin embargo, algunas de ellas, como sabe la opinión pública, se frustraron”, aseveró. La autoridad policial expresó su molestia en razón que estas medidas judiciales –que obedecen a intereses privados– generan de alguna manera pérdidas, en razón que dichos presupuestos deben ser destinados a mejorar las condiciones de la Policía Nacional en lo que respecta a infraestructura, logística, en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Preocupación Asimismo lamentó la emisión de resoluciones judiciales de manera indiscriminada, cuyos contenidos se contradicen, los que –según dijo– crean un conflicto jurídico. “En la Policía Nacional hay dudas respecto a cuál resolución tiene mayor jerarquía. Además esta situación genera un conflicto social”, manifestó. La autoridad policial recalcó que dichas disposiciones legales distrae el actuar de la Policía, la que debe dejar de dar seguridad a la población para dar cumplimiento a resoluciones de carácter privado. También criticó que el Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo no haya informado a la institución tutelar sobre la suspensión de una diligencia en la Empresa Agroindustrial Tumán. “Se desplazaron 300 efectivos y no se ejecutó nada, no es posible que no nos informen”, espetó. Es por eso que pidió que el Congreso apruebe normas que fomenten una mejor seguridad jurídica y que un juzgado ad hoc asuma los procesos legales de las azucareras.