Reforma electoral. Mientras que el subgrupo de reforma electoral encabezado por Donayre planteaba que investigados por narcotráfico y corrupción no financien partidos, predictamen de Torres solo apunta a los sentenciados. En tanto, fujimorista Letona propone que fondos públicos sirvan para financiar las campañas.,A menos de diez días de culminar la segunda legislatura ordinaria, la Comisión de Constitución del Congreso inició recién el debate de un tema considerado relevante en materia de reforma electoral: el financiamiento de los partidos políticos. La sesión de ayer, sin embargo, estuvo marcada por la ausencia de los congresistas que formaron parte del subgrupo de reforma electoral, con excepción de la fujimorista Rosa María Bartra. PUEDES VER Comisión de Constitución aprobó dictamen que modifica cronograma electoral Legisladores como Patricia Donayre (FP), Yonhy Lescano (AP) y Reymundo Lapa (FA) abandonaron el Hemiciclo antes de que se aborden los temas electorales. Marisol Espinoza tampoco asistió y, al ser consultada por este diario sobre tal ausencia, se limitó a decir que en una reunión con su bancada decidirán si sigue o no acompañando este debate. De hecho, se trata de una protesta tácita contra la decisión mayoritaria del fujimorismo de ningunear el informe final que ellos habían elaborado por más de ocho meses. Los candados Ya el lunes, en vísperas de esta sesión, Donayre había lanzado en Twitter un mensaje en señal de alerta: "Pre dictamen de comisión de Constitución (...) no prohíbe aportes de acusados de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, etc". Se trata, precisamente, de uno de los temas más relevantes en este debate. Prueba de ello es que el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han desarrollado propuestas legislativas para establecer prohibiciones de financiamiento para los partidos. El reclamo de Donayre obedece a que el informe del subgrupo de reforma electoral plantea que los que tienen investigación preparatoria por narcotráfico o corrupción ya estarían impedidos de aportar dinero a los partidos políticos. En cambio, el primer predictamen expuesto ayer por su colega de bancada Miguel Torres, presidente de la Comisión de Constitución, apunta a establecer tal prohibición únicamente a los que han sido sentenciados. Según esta segunda lógica de Torres, una persona con investigación preliminar por narcotráfico o corrupción sí podría financiar, por ejemplo, a su partido Fuerza Popular. Como para animar aún más el debate, el Jurado Nacional de Elecciones propone que la prohibición sea solo desde la etapa del inicio de una instrucción. En cambio, el Poder Ejecutivo propone impedir el financiamiento solo para los que ya tienen condena firme. De hecho, en la misma bancada fujimorista, al parecer, no hubo un debate interno previo. Ayer, sobre la marcha, Úrsula Letona lanzó una quinta alternativa, que va más en la línea de Donayre y el JNE. Las campañas No hubo mayor avance en esta primera jornada de debate. Sí, en cambio, una propuesta que debe merecer especial atención pública: Úrsula Letona habló ayer de la necesidad de que el financiamiento público también sirva para pagar la campaña de los partidos. "Sería necesario que el fondo del financiamiento público directo pueda ser utilizado para financiar campañas electorales, en la medida que estas actividades forman parte esencial de la vida partidaria", expresó la citada fujimorista. Gradualidad en sanciones por regalar dádivas Ayer también se abordó la posible modificación de las reglas de juego para los que incurran en la entrega de dádivas en campaña. Actualmente, la normatividad establece para esta práctica la sanción drástica de la expulsión del candidato. Fue precisamente bajo estas reglas que fue retirado de campaña el ex candidato presidencial César Acuña; aunque, por otro lado, se cuestionó que no se haya adoptado igual decisión contra Keiko Fujimori, por la entrega de dinero. La nueva propuesta plantea un criterio de gradualidad. Es decir, los candidatos que entregan dádivas solo serían amonestados. Si vuelven a incurrir en la falta, se les aplicaría una multa, y recién en una tercera oportunidad serían expulsados.
