Gobierno aún no cuenta con estrategia eficaz para resolver conflictos

PROBLEMAS. Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua y Puno son las regiones más conflictivas por la minería. Pese a anunciar programas de desarrollo en zonas de influencia, la política de gobierno es la del bombero: acudir ante actos consumados.,En solo medio año del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se contabiliza un muerto por conflictos sociales. Quintino Cereceda Huisa fue asesinado de un balazo tras los enfrentamientos con la Policía en octubre de 2016, cuando protestaba en contra de la minera MMG Limited, dueña de Las Bambas en Cotabambas, Apurímac. PUEDES VER: IGV bajará de 18% a 17% desde el 1 de julio si se logra meta de recaudación El efecto de Las Bambas rebotó en otras provincias cusqueñas. Los campesinos de Livitaca tomaron los tajos de la mina Constancia de Hudbay y días después se incendió el campamento de la minera Anabi S.A.C. En todos esos casos hubo un reacción tardía, luego de que la sangre llegara al río. En las regiones del sur, existen 49 conflictos, de los cuales 37 están activos y el resto (12) a punto de estallar. Son datos de la Defensoría del Pueblo. Es un número bastante alto (33%) si tomamos en cuenta que a nivel nacional hay 156 conflictos activos, donde la mayoría (78%) corresponde a conflictos del tipo socioambiental. El primero de la lista es el departamento de Apurímac con 22 casos, le sigue Cusco con 15, Puno con 13, luego Arequipa y Moquegua con cinco cada uno. Uno de ellos se remonta al 2012 contra Southern Perú. La sociedad civil y autoridades piden que la minera haga un aporte en compensación a las cuatro décadas de actividad. Southern hizo un ofrecimiento considerado irrisorio. SIN ESTRATEGIA Los que representan mayor peligro son aquellos conflictos ligados a la actividad minera y podrían volver a activarse en cualquier momento. El problema es que el Gobierno actual no cuenta con una estrategia para evitarlos o prevenirlos. Así lo consideraron el experto en temas referidos a conflictos sociales y exrepresentante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Silvio Campana Zegarra, y el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Armando Villanueva Mercado. Villanueva sostuvo que el Gobierno ha estado haciendo el papel de bombero, es decir, “yendo a apagar los incendios cuando ya han ocurrido, porque no hay una estrategia para atender los conflictos ni para garantizar las futuras inversiones”. Campana consideró que siguen ocurriendo conflictos porque el régimen de Kuczynski mantiene la misma estrategia que usó el gobierno de Ollanta Humala y que no tuvo buenos resultados. “Crearon la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad (de la PCM) y no hubo cambio sustancial, por lo que no hay acciones de prevención, sino solo hay una acción reactiva ante los conflictos”. Campana además observa la falta de inteligencia política. Ante la ausencia de un mecanismo para atender las demandas sociales, Villanueva augura un escenario complicado de protestas mineras en Apurímac, Cusco, Arequipa, Puno y Moquegua. ¿QUÉ HACER? La Comisión de Energía y Minas del Congreso entregó al Ejecutivo una propuesta para desactivar las protestas en el denominado corredor minero que une Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno. “Allí se tiene que llevar adelante un programa de desarrollo para todas las zonas, revisarse los Estudios de Impacto Ambiental y comprometer a las empresas que se hagan cargo de las mejoras de las vías e impulsar el desarrollo de la mano de las autoridades nacionales, regionales y locales”, explica Villanueva. Por el momento, el Ejecutivo realizará programas de desarrollo. Ya ha prometido importantes inversiones en Cotabambas (Apurímac) y Chumbivilcas (Cusco). El siguiente lugar sería Cocachacra por el proyecto Tía María. El experto Silvio Campana añade que el Gobierno debe primero determinar los lugares, donde hay mayores niveles de inversión minera y compararlo con los indicadores de desarrollo humano en las zonas de influencia. “Allí saldrá una brecha de pobreza. Entonces, el Gobierno y la empresa deben invertir para garantizar mejorar las condiciones de vida de la población", sostuvo. Para el exrepresentante de la Defensoría, si habiendo tanta inversión no hay cambios en el nivel de vida de la gente, se está provocando una reacción (...) y eso genera un conflicto emocional en la población”.