Las muertes en el Pentagonito

Hitos de la investigación sobre los asesinatos en los sótanos del SIE. Víctor Quinteros, el abogado que contribuyó a la sentencia. Tres casos de 1993 resueltos. Uno de espionaje quedó en la impunidad.,De las revelaciones nacidas de la versión de Jesús Sosa en mi libro Muerte en el Pentagonito, los crímenes en los sótanos del SIE parecían los más difíciles de probar judicialmente. En un capítulo, El espía que no regresó a Quito, se narran dos asesinatos cometidos en 1988. En otro capítulo se relatan las muertes de tres personas, en 1993. En todos los casos los cuerpos fueron incinerados en el sótano del SIE, luego de las ejecuciones. Ocupando el SIE un pabellón en el Pentagonito, el Cuartel General del Ejército, la máxima jerarquía militar estaba involucrada. No se mataba allí a nadie sin que no lo supiera el dueño de casa. PUEDES VER: Presentan proyecto de ley para regular las fusiones y los monopolios en el Perú Falta de evidencias Sosa, ex miembro del Grupo Colina, fue capturado en 2008 y cumple una sentencia de veinte años por su participación en las muertes de La Cantuta y Barrios Altos. Una vez detenido fue llevado a declarar a varios otros juicios que correspondían a casos tratados en el libro. En las audiencias negó la veracidad de la información que me proporcionó. Sobre todo evitó incriminarse e incriminar a terceros. En cuanto a mí, también he desfilado por una buena cantidad de juicios. No dije una palabra más ni una menos de lo que escribí. La justicia debía determinar, con sus propias herramientas, si lo publicado era cierto. En algunos casos, luego se descubrieron evidencias más importantes que la versión periodística. Por ejemplo, en el capítulo denominado La Ladrillera, con las versiones de Sosa y de un alto oficial del Ejército, pude describir el desentierro e incineración de centenares de cadáveres en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho, pero sin pruebas. Después se descubrieron restos humanos y vestigios del horno en el que fueron cremados los cadáveres. En las historias del Pentagonito, sin embargo, no había evidencia material. Y Sosa negaba todo. Primeras sentencias Por esta falencia fueron absueltos los militares acusados de ordenar la ejecución del mayor de la Fuerza Aérea Ecuatoriana Enrique Duchicela, secuestrado y llevado al Pentagonito luego de que el Ejército comprobara que compró secretos militares peruanos. Esto ocurrió en 1998. Lo ejecutaron junto con el teniente Marco Barrantes, uno de los miembros del Ejército que se los vendió. Ambos cuerpos fueron incinerados en el sótano del SIE. Todos los detalles contextuales de las muertes, menos el momento mismo del asesinato y la incineración, fueron comprobados durante la investigación periodística: las circunstancias de las desapariciones, el descubrimiento del espionaje por el Ejército, el proceso privativo a los responsables (que era desconocido), la confirmación —por fuentes ecuatorianas— de que un militar en misión secreta había desaparecido. En Ecuador, antes de la sentencia absolutoria en el Perú, Duchicela fue declarado mártir. Pero no había más que una pormenorizada descripción, sin fisuras ni contradicciones. Ni restos humanos ni testigos presenciales. La convicción periodística no puede siempre trasladarse a un fallo judicial. Los nuevos casos El segundo caso de los sótanos del SIE hubiera seguido el mismo camino si no mediaban circunstancias excepcionales. Primero, la obtención de documentos sobre movimientos de detenidos al SIE por parte de una comisión del Congreso presidida por Anel Townsend. Luego, el hecho de que dichos documentos fueran analizados en 2005 por el abogado Víctor Quinteros, quien cuando estudiante había sido asistente mío en la investigación del libro Muerte en el Pentagonito. Era tanta la información proporcionada por Sosa que requería verificación —para un período de más diez años— que llegué a tener hasta cuatro asistentes que trabajaban en un ala de mi casa en Barranco donde había montado una especie de pequeña fiscalía. Con Quinteros estaban los alumnos de derecho Julio Arbizu y Raúl Tola y la estudiante de periodismo Úrsula Carpio. Aparte de los temas mencionados había otros no originados en la versión de Sosa: las células senderistas en Ayacucho, el sobreviviente de la matanza de Lurigancho, la verdadera historia del Comando Rodrigo Franco, el secuestro de los montoneros en 1980, los informantes secretos del caso La Cantuta. Transcurrían los últimos años del gobierno de Fujimori. Cotejando los datos Arbizu, el futuro Procurador Anticorrupción; Tola, que ya escribía su primera novela; y Quinteros, hoy un experto en política criminal, tenían diálogo continuo con Sosa. Una de las misiones de Quinteros era estudiar a las víctimas de los sótanos del SIE. Ante los jueces Sosa negó haberlo conocido. Sabíamos, por la fuente, que el SIE había llevado al Pentagonito a los estudiantes de la Universidad Técnica del Callao, Kenneth Anzualdo Castro y Javier Roca Casas, y al profesor Justiniano Najarro Rúa. ¿Quiénes eran, cuándo y cómo desaparecieron, qué sabían sus familiares y allegados? Quinteros reconstruyó en forma minuciosa el universo de cada uno. De esta forma pude organizar el capítulo 17, denominado, precisamente, Muerte en el Pentagonito. Hacia 2005, Quinteros estaba trabajando en la Cancillería, apoyando al equipo que sustentaba el pedido de extradición de Alberto Fujimori a Chile. La Corte Suprema no había aceptado que el caso Sótanos del SIE fuera parte de la solicitud: no estaban individualizadas las víctimas. Fue entonces cuando Quinteros releyó los documentos dejados por la comisión Townsend. Había una relación codificada de detenidos, fechas y horas de ingresos y salidas, ocurrencias diversas. Por ejemplo, una visita de Vladimiro Montesinos, detalle que tuvo mucho que ver con su condena a 22 años acordada recientemente por el Poder Judicial. Una experiencia más El cotejo de datos no dejó lugar a dudas: el día y hora de la desaparición de Anzualdo, Roca y Najarro coincidían exactamente con las señales del cuaderno. Además, en el registro de la celda correspondiente a Najarro se había tachado el número 2, para escribir 1. Esto concordaba con el hecho de que Najarro fue detenido con su sobrino, un menor de edad al que los militares liberaron posteriormente. El hallazgo permitió individualizar a las tres víctimas, con lo cual la Procuraduría Ad Hoc y Aprodeh, que representaba a los deudos, pudieron activar la causa de la extradición. La justicia chilena no permitió que Fujimori fuera juzgado por el caso de los sótanos del SIE, pero más tarde la Corte Interamericana de Derechos Humanos amparó la causa de la familia Anzualdo, ordenando al Estado peruano a indemnizarla y a desagraviar a la víctima. La sentencia conocida la semana pasada, que sentencia por igual a Montesinos, al ex comandante general del Ejército Nicolás de Bari Hermoza, y a otros dos jefes militares, resolvió lo que parecía un caso de difícil probanza. A veces el periodismo y la justicia van de la mano.