Luego de “Ni Una Menos” autoridades no deben cruzarse de brazos

Mesa redonda. Para analizar la violencia contra la mujer y conocer las tareas pendientes tras la masiva marcha, La República convocó a Patricia Sarmiento (Defensoría del Pueblo), Elvia Barrios (Poder Judicial), Betty Olano (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), y Natalia Iguíñiz (Ni una Menos-Perú).,1. ¿Qué acciones se han tomado a partir de la marcha “ni una menos”? Patricia Sarmiento: Desde la Adjuntía de la Mujer estamos trabajando todo lo referente al hostigamiento sexual. Para el próximo año tenemos planificado realizar un informe sobre trata de mujeres adultas con fines de explotación sexual; para ello recabaremos expedientes que hayan concluido a fin de analizar la actuación de la Policía Nacional, del Ministerio Público, de los abogados de los Centros de Emergencia Mujer del MIMP, a fin de saber si actuaron conforme a ley. PUEDES VER: Mercedes Aráoz: "Las mujeres no somos respondonas, se tiene que cumplir la ley" Elvia Barrios: En el Poder Judicial se ha creado la Comisión Nacional de Género, que tiene por finalidad institucionalizar una cultura jurídica, con perspectiva de género. Ello implica que realizaremos la capacitación a todos los jueces del Perú de manera descentralizada. Estamos diseñando un modelo para incluir la perspectiva de género en los sistemas judiciales, y trabajamos en la implementación de una data única para hacer seguimiento de todos los procesos de violencia de género. Esto podrá ayudar a determinar si un individuo agresor está reiterando su conducta; así los jueces podrán dictar las medidas de protección adecuadas para las víctimas. Betty Olano: Además de sumarnos a la campaña, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha encontrado una oportunidad para convocar al resto de sectores para plantear líneas de acción. La Ley No 30364 nos plantea una oportunidad, y justamente como parte de esta ley ya se instaló la Comisión de Alto Nivel donde están representados todos los ministerios que tienen que ver con la solución de esta problemática. Ahora queda la instalación de las instancias regionales, provinciales y distritales a fin de que haya una cadena de articulación efectiva entre todos los operadores. Natalia Iguíñiz: Hoy somos miles de mujeres que nos hemos autoorganizado y estamos realizando acciones desde distintos espacios. Seguimos difundiendo el rechazo a la violencia de género, sirviendo de canal para muchas iniciativas. Estamos a gusto de saber que a partir de ahora vamos a ver una ciudadanía más atenta a fiscalizar que las autoridades cumplan su labor. Sabemos que hay esfuerzos del Estado para lograrlo, pero el problema es tan grave que cada sector de manera individual no puede seguir pensando en qué hace cada quién. Es necesario que exista un plan operativo bianual donde estén todos los sectores involucrados en dar solución al problema. 2. ¿Qué se debe mejorar para reducir la violencia de género? Patricia Sarmiento: Desde la Defensoría del Pueblo se ha propuesto el cambio en los patrones socioculturales en los colegios por parte del Ministerio de Educación, para que desde los niveles de Inicial y Primaria se cambien los estereotipos y se enseñe a los niños y niñas que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, y que la violencia no es una forma válida de relacionarse con otras personas. Recomendamos que se capacite y sensibilice a los funcionarios en el tema del enfoque de género, y sugerimos la necesidad de informar a las mujeres sobre sus derechos. Elvia Barrios: Creo que se tiene que articular en todas las instituciones el tema educativo. Es importante que en los centros educativos se imparta el curso de educación familiar, orientado a la enseñanza de la moral, la ética, la paternidad y la maternidad responsables; y una educación sexual con enfoque humanista. En otras áreas tenemos que trabajar en la capacitación de operadores policiales sensibilizados, que demuestren un uso de lenguaje adecuado y dominio de los protocolos. Lo mismo para con los fiscales y jueces, para que al momento de emitir la decisión, hagan la valoración de la prueba con un enfoque de género y no con criterios sesgados. Betty Olano: Es necesario fortalecer el trabajo con docentes, alumnos y padres para vencer los estereotipos. Creemos que es urge atender el medio rural, porque no todas las mujeres van a poder llegar a las provincias para pedir el apoyo a sus demandas. Entonces es necesario capacitar a los operadores de las comunidades, como son los jueces de paz, porque hay zonas alejadas donde ni siquiera hay comisarías. Y para lograrlo es necesario involucrar a los gobiernos locales en esta tarea. Natalia Iguíñiz: Saludamos todas las iniciativas, pero lo que todavía no vemos es cómo todo esto se va a articular y quiénes van a ser los responsables de si las cosas siguen estando como están. Estamos frente a una emergencia nacional. Necesitamos que este cambio en la conciencia de las mujeres se fortalezca con demostraciones de que la justicia alcanza a quienes no cumplen con su labor frente a los agresores. Hasta ahora no vemos sanciones contra jueces o fiscales que no están haciendo su trabajo. Más bien vemos que el sistema se va perpetuando. 3. ¿Están fallando los protocolos médicos y forenses? Patricia Sarmiento: En el caso particular de Milagros Rumiche se ha podido visibilizar que hay una necesidad de evaluar las normas no solo a nivel de protocolo de atención de medicina legal, sino también a nivel de las normas penales en sí. Treinta días a más para lesiones graves, por ejemplo, es un aspecto que debería evaluarse para saber cómo se pueden adecuar estos plazos a la realidad. Elvia Barrios: En otras legislaciones cuando las lesiones son realizadas dentro de un contexto familiar, estas constituyen lesiones agravadas y la pena es mayor. Creo que hay que dar una mirada a la norma para la incorporación de una circunstancia agravada, porque la afectación al bien jurídico es mayor, ya que el hecho también afecta a los demás miembros del grupo familiar como son los hijos. Betty Olano: La evidencia nos ha demostrado que sí hay necesidad de revisar los diferentes protocolos que aplica cada institución. El de medicina legal, tengo entendido, data de hace 20 años; entonces es necesario adecuarlo a un contexto actual: por más que estemos hablando de un problema generacional, el contexto ya no lo es. Es importante revisar la norma penal. Tenemos que insistir con las autoridades judiciales a que actúen con cautela al evaluar los hechos. Natalia Iguíñiz: Estamos buscando que la declaración de la víctima constituya una prueba anticipada, que no tengamos que esperar 15 o 30 días para que una mujer tenga protección. La Ley No 30364 es una oportunidad para dejar de hablar de lesiones físicas leves o graves, y en cambio hablar de un proyecto de vida que se rompe. El agravante es que esa mujer va a ver afectada su vida y los operadores de justicia tienen que empezar a comprender que ninguna mujer denuncia para sacar algún provecho. Esa desconfianza se debe desterrar y las leyes deben empezar a confiar en las mujeres. 4. ¿sin presupuesto, la violencia de género no puede ser solucionada? Patricia Sarmiento: El presupuesto es muy importante para la ejecución de políticas públicas, pero no significa que si contamos con dinero solucionaremos las cosas mágicamente. A la par se debe tener funcionarios y operadores sensibilizados en el tema de género; si no, no funcionará. Contamos con el Plan contra la violencia de género que establece una serie de actividades para cada sector pero no otorga presupuesto adicional y cada uno a ver cómo se ajusta, y lamentablemente para algunos sectores el tema de violencia no es una prioridad. Elvia Barrios: Todos compartimos la idea de que la violencia es un problema estructural y desde esa línea al Poder Judicial le corresponde la sanción. Pero el presupuesto es importante para contar con los juzgados necesarios, sobre todo en procesos de violencia donde la capacitación es necesaria. Ahora, existen otras medidas que no requieren de dinero como los acuerdos plenarios que ya realizamos. Betty Olano: El tema presupuestal es fundamental porque nada se hace sin dinero. Pero no debemos esperar demandas adicionales para trabajar. Hay un punto fundamental que no requiere de dinero y es reflexionar si realmente brindo un buen servicio y queremos articular. En mi punto de vista (la violencia de género) se solucionará cuando haya una articulación efectiva entre los sectores. Natalia Iguíñiz: Hasta que no veamos un incremento del presupuesto de las instancias que deben frenar la violencia y promover la participación equitativa en la sociedad nos quedamos en buenas intenciones. Creemos que todos los presupuestos se pueden optimizar, de lo contrario las palabras dichas por las autoridades no llegarán a sus objetivos. 5. El Congreso ha sido hasta el momento un espectador ante esta problemática, ¿qué le demandan a este poder del Estado? Patricia Sarmiento: Como Defensoría del Pueblo hemos recomendado que las normas existentes se mejoren. Hay que revisar y actualizar el Código Penal que data de 1993. Más de 20 años venimos rigiéndonos por normas penales que no siempre se ajustan a la gravedad de los hechos. Se debe mejorar la legislación frente a la violencia sexual para garantizar que los funcionarios tengan las herramientas adecuadas para poder investigar y sancionar adecuadamente. Elvia Barrios: Si bien es cierto que desde el punto normativo tenemos todo un pliego que protege a la mujer, sustantivamente eso todavía no se da. El Congreso ha avanzado pero como Poder Judicial hemos advertido que el Código Penal actual tiene cerca de 600 modificaciones y eso puede ocasionar la aplicación errada de la norma. Se debe dar una mirada a este conjunto de normas a fin de que cada delito tenga correspondencia con la lesión que se realiza. Betty Olano: Concuerdo plenamente. Hay necesidad de revisar el Código Penal y el quántum de la pena para la calificación de lesiones leves o graves, por ejemplo. Es de urgencia porque está directamente relacionado con las acciones que se están aplicando a nivel judicial. Hay que revisar también aspectos como la confesión anticipada, que hoy se aplica en todo. Natalia Iguíñiz: Si bien hay avances y normas que protegen y condenan la violencia, todavía muchas de ellas deben implementarse. Está pendiente la creación de una Ley de Identidad de Género e Igualdad para mujeres trans. El presupuesto también depende del Congreso, así como la elección del Defensor del Pueblo, Fiscal de la Nación, Consejo de la Magistratura y más. El Congreso tiene muchas atribuciones en este asunto y esperamos que cumpla.