Proceso. Fiscalía presentó acusación penal contra alcalde de San Juan de Lurigancho y pide 20 años de prisión. También acusa a su exteniente alcalde David Nestares y su exasesora municipal Jessica Oviedo de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Burgos presenta un desbalance de 8,4 millones de soles.,Durante el tiempo en que se desempeñó como alcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos Horna habría logrado un enriquecimiento ilícito de 8’445,210.01 de soles, que luego blanqueó o lavó a través de préstamos a sus empresas particulares y la compra de 21 inmuebles y diversos vehículos. PUEDES VER: Proponen que el Congreso se elija en la fecha de la segunda vuelta Así lo estableció la fiscalía anticorrupción que, a través del fiscal especializado Walter Delgado Tovar, ha pedido 20 años de prisión para Burgos Horna por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. “Durante el ejercicio del cargo de alcalde del Concejo Distrital de San Juan de Lurigancho, en el periodo comprendido entre enero del 2007 a junio del 2013, Burgos incrementó ilícitamente su patrimonio respecto a sus ingresos legítimos, (...) ello, como consecuencia del ejercicio abusivo del cargo público que ostentó”, precisa la acusación fiscal. En otro párrafo se indica que este incremento no se justifica con sus ingresos lícitos conocidos y declarados. Este dinero, subraya la fiscalía, le permitió incrementar su patrimonio “a través de la constitución de empresas, realizar préstamos de dinero a favor de esas empresas, adquirir directamente bienes y efectuar mejoras en los inmuebles adquiridos”. Las empresas a través de las cuales se habría lavado el dinero obtenido ilícitamente por Burgos son BOGA SA, Intermovil SA, Publibur SA, C&D CAR SA, Los Emprendedores de San Juan SAC y ACFI SAC. Cómplices En la misma acusación fueron incluidos dos de sus principales colaboradores, el exregidor y exteniente alcalde y David Elías Nestares Silva, y su exasistente Jessica Karina Oviedo Alcázar Para David Nestares y Jessica Oviedo la fiscalía ha pedido 14 y 13 años de prisión respectivamente, por autoría del delito de enriquecimiento ilícito y complicidad en lavado de activos, La fiscalía determinó que, igual que Burgos, sus colaboradores también intentaron limpiar su incremento económico no justificado, a través de la constitución de empresas y compra de inmuebles y vehículos. A Jessica Oviedo se le estableció un desbalance patrimonial entre el 2007 y 2008 y luego en el periodo 2009 a junio del 2013, de S/ 229,541.33 soles. En tanto, para el regidor y luego teniente alcalde de San Juan de Lurigancho, los peritos contables han determinado un desbalance de 52,463.81 soles, entre enero del 2007 a junio del 2013. La acusación fue presentada a la Sala Penal Nacional para que, previa evaluación de su contenido, se disponga el inicio del juicio público respectivo contra los tres acusados. Incautados La fiscalía ha pedido la incautación preventiva de 21 inmuebles registrados a nombre de Carlos Burgos o sus empresas que, se considera, fueron adquiridos o mejorados con sus ingresos de origen desconocido. Entre los inmuebles con incautación preventiva se encuentra el colegio Saint John's, ubicado en la avenida Canto Bello N° 263, Urbanización Canto Bello, en San Juan de Lurigancho, administrado por la empresa Grupo Jezzi SAC. Igualmente, se incautó una casa de playa en Totoritas, al sur de Lima, construido sobre dos lotes que Burgos adquirió por 110 mil dólares. Dicho monto fue cancelado en dos partes. El exalcalde de San Juan de Lurigancho hizo un primer pago de 56,700 dólares y canceló el inmueble con un cheque de 53 mil dólares emitido por la empresa BOGA SA, que se justificó como la devolución de un préstamo. La fiscalía establece que los ingresos legales de Burgos no le permitían haber hecho dicho préstamo, por lo que la operación se constituye en lavado de activos. Defensa Peritajes. Rafael Vigo, el abogado encargado de la defensa del exalcalde Carlos Burgos, ha cuestionado la acusación señalando que esta se sustenta en peritajes contables sobre los que no hay certeza. Juicio. Vigo indicó que en el juicio público, los jueces deberán realizar un debate pericial, entre los diferentes peritos que han evaluado los ingresos y gastos de su defendido, para aclarar la verdad.
