Los Curimaná Papers

Un pequeño caso de corrupción y abandono en una lejana localidad de la selva. Curimaná sigue sin alcalde, que está con orden de captura y desaparecido. Un local tomado, una reemplazante sin poderes.,Curimaná es un distrito de Pucallpa, en la provincia de Padre Abad, a unos cien kilómetros de la capital del departamento. Solo tiene diez mil habitantes y la ausencia de servicios de educación, salud y vivienda es clamorosa. Hace seis años, durante la segunda gestión del actual alcalde Loiber Rocha –tres veces reelecto–, la municipalidad distrital empleó dos millones de soles para comprar maquinarias que hicieran el mantenimiento de los caminos que enlazan al distrito con otros veinticuatro pueblos y caseríos. Estaban y continúan en muy mal estado. Pero pasaba el tiempo, los caminos seguían intransitables y el equipo adquirido no salía a trabajar. Un fin de semana, dirigentes vecinales entraron al almacén donde estaba la maquinaria. Comprobaron que era usada; peor aún, obsoleta. Así comenzó la lucha de la población contra el alcalde. PUEDES VER: Detectan desbalance en dos ex funcionarios vinculados a caso Lava Jato –Yo, de conducir pacíficamente mis tierras, tuve que convertirme en un opositor –dice Elí Santillán, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Curimaná. Es un agricultor de 52 años que fiscaliza a Rocha casi tanto tiempo como este ejerce el gobierno local. Fue elegido en el cargo en 2009. Alcalde escondido Las denuncias contra autoridades locales por obras mal hechas o compras dolosas son moneda corriente en el país. ¿Una autoridad objetada por dos millones de soles? El caso de Curimaná no tendría por qué ser llamativo. Pero los elementos del caso bordean lo insólito y el caldo de cultivo de la violencia está hirviendo. Un primer aspecto a considerar es la sinuosa ruta que tomó el procesamiento de Loiber Rocha. En diciembre del 2014 la jueza Clavelito Cuhelo decidió dictar prisión preventiva del alcalde ante el riesgo de que pudiera manipular las pruebas si continuaba en el cargo. La medida no significaba culpabilidad: buscaba preservar evidencias y controlar un riesgo de fuga. El alcalde se escondió. Fue capturado en febrero del 2015, pero el 28 de abril otro juez, Valentín Inocente, dispuso que continúe su proceso en libertad. Desde entonces continuó una intrincada batalla legal entre el juez Inocente y la fiscalía, mientras el pueblo quedaba en el desgobierno. El juez no inocente El 23 de junio, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Ucayali le enmendó la plana al juez Inocente, disponiendo que Rocha volviera a prisión. El alcalde regresó a la clandestinidad, pero su defensa viajó hasta Áncash. Allí presentó una acción de hábeas corpus en un juzgado de Huari, que encontró vulneración de sus derechos constitucionales. La Sala Penal de Ucayali, dijo, no había argumentado adecuadamente su resolución. Así, hacia noviembre del 2015, Rocha contaba con una orden de suspensión de su prisión preventiva. Aún no era una victoria porque el juez de Huari dijo que otros magistrados de Ucayali debían resolver el fondo del asunto; es decir, si se justificaba privarlo de la libertad mientras era investigado. Cuando el expediente fue visto por un nuevo colegiado, Rocha perdió. Los jueces votaron por el encarcelamiento. Pero en el ínterin, el juez Valentín Inocente sacó una carta de la manga. Declaró sobreseído el caso porque se había excedido el tiempo legal de investigación. En tanto la fiscalía hacía un nuevo escrito para apelar –el plazo estaba vigente–, Rocha reingresó a la municipalidad con un violento grupo de simpatizantes y comenzó a gobernar al margen de sus concejales. Prófugo otra vez Finalmente la Corte Superior de Ucayali le dio la razón a la fiscalía y dispuso el fin de toda discusión: no había mérito para el sobreseimiento y la investigación debía seguir con el alcalde Rocha detenido. Lo ordenó así al juzgado. Inocente, como juez de la causa, debía ejecutar la decisión. Pero a Inocente no le entraban balas. Sacó una resolución disponiendo que Rocha continuara en libertad. –Yo quisiera emplear el caso de Curimaná como una tesis de posgrado –dice el abogado Guillermo Lobo, quien asesoró a regidores de la municipalidad en 2015–: cómo un juez se zurra en la ley y en instancias superiores, mantiene a un pueblo en vilo y no pasa nada. Pero algo pasó. Inocente se había pasado de culpable. Cuando tomó nota de su resolución, la Corte Superior de Ucayali lo sacó del caso y lo puso a disposición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Esto ocurrió el último 6 de mayo. La Sala de Apelaciones dijo que el juez había desacatado órdenes superiores, violando el debido proceso y haciendo evidente que tenía un criterio formado sobre el caso “puesto que ha venido de un modo u otro favoreciendo al encausado Loiber Rocha”. El alcalde está prófugo por enésima vez. Local tomado Así pues, el juez Inocente dejó de ser un problema, aunque esto corresponde a una parte de la historia. La otra parte es lo que ocurrió en Curimaná. Cuando volvió Rocha a tomar posesión del municipio, en noviembre del 2015, lo hizo para hacer más compras sin el consentimiento de los regidores. Son solo cinco, y cuatro de ellos están en la oposición, encabezados por Delsy Vera, primera regidora y llamada a reemplazarlo. Ellos, apoyados por el Frente de Defensa que preside Eli Santillán, procuraron producir un reemplazo pacífico de Rocha mientras duraran las investigaciones. No fue posible. Cuando el alcalde estaba clandestino, los regidores tenían la resistencia del cuerpo administrativo controlado por el prófugo. Y cuando este volvió gracias al juez Inocente, eran impedidos de entrar al municipio. Y cuando lo hacían, para las reuniones del Concejo Distrital, eran objeto de agresiones y ataques violentos, al punto que ya no quisieron acudir sin protección policial. Ahora mismo, pese a que Rocha está con orden de detención y no habido, no pueden celebrar reuniones en el municipio: el 10 de mayo un grupo de partidarios del alcalde tomó el local y hasta ahora impide las funciones de gobierno. Distrito a la deriva Curimaná está a la deriva. El JNE aún no entrega credenciales a Delsy Vera. La policía no restablece el orden. Los candidatos no han ido por allí –Keiko Fujimori y Verónika Mendoza, en ese orden, obtuvieron las preferencias electorales en la primera vuelta– y los dirigentes del distrito vienen continuamente a Lima para tratar de llamar la atención de las autoridades. Al JNE para que entregue credenciales a la sucesora. El CNM para que destituya al juez Inocente. Al Congreso para que mueva a la policía. A la Comisión Anticorrupción para que tome en cuenta que su alcalde ya tiene 34 denuncias, seis de ellas judicializadas. La Defensoría del Pueblo considera la situación de Curimaná como uno de los 32 conflictos “en observación” a escala nacional. Indica que en cualquier momento puede pasar al estado activo. A veces pasar al “estado activo” significa una tragedia.