Conflicto. La población está decidida a impedir que se retome el emprendimiento minero. Para evitar las protestas, sugieren que alcaldes inicien una lucha legal y técnica., Las declaraciones que hizo el presidente de la empresa minera Southern Perú, Óscar Gonzales Rocha, respecto a la inminente ejecución del proyecto cuprífero Tía María, terminó por soliviantar a los pobladores de la provincia arequipeña de Islay, al punto de anunciar un paro de protesta durante el miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. PUEDES VER: Agricultores del valle de Tambo reinician protestas contra proyecto Tía María El ejecutivo había manifestado que solo estaba esperando que el gobierno le otorgue la licencia de construcción para empezar a operar. Aún con la presencia de un centenar de policías y el arribo de tanquetas a este valle, la población está dispuesta a hacer efectiva la huelga y a impedir el emprendimiento minero, según informó el ex alcalde de Cocachacra, Juan Guillén López, quien manifestó su esperanza de que los burgomaestres actúen apelando a mecanismos legales y técnicos para evitar las movilizaciones. "Esperamos que los alcaldes entren en acción, especialmente el de Cocachacra que ha debido hacer una lucha legal y una técnica. Hay argumentos para demostrar que el proyecto de Southern Perú no debe ir", indicó. Guillén López mencionó la existencia de normas como el Decreto Supremo N° 012, del Ministerio del Ambiente, de mayo de 2009, que señala que los tres niveles de gobierno, tanto nacional, regional, como local, están obligados a hacer cumplir las normas ambientales. A este decreto agregó los artículos 66, 67 y 68 de la Constitución, relativos a la preservación del ecosistema, el medio ambiente, y los recursos naturales. "Proyectos como Tía María, a tajo abierto, ya están prohibidos en el mundo porque afectan la capa de ozono. Este fenómeno lo estamos sufriendo acá en Arequipa y en todo el sur del país", acotó. También recordó que el citado decreto supremo permite a los gobiernos locales hacer consultas a la población sobre este tema, tal como él hizo durante su gestión edil en el año 2009. "El frente social en Islay es fuerte, lo han demostrado y lo van a seguir demostrando. Lo que falta es el frente legal y técnico, eso ya es responsabilidad de las autoridades de Cocachacra, Punta de Bombón y Dean Valdivia. Sus acciones van a estar dentro del marco legal, ellos no deben temer una denuncia", afirmó el ex burgomaestre.
