Indagación. Testimonio de decano del Colegio Médico confirma responsabilidad de Alberto Fujimori y ex ministros, aseguran Carlos Rivera y Julio Arbizu., El testimonio del decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, confirma que las esterilizaciones forzosas fueron una política de Estado del gobierno de Alberto Fujimori dirigida por altas autoridades del sector de salud, afirman los abogados de las víctimas, Carlos Rivera y Julio Arbizu. PUEDES VER: PPK: "El fujimorismo nos dejó traumados" En la víspera, el galeno contó que ofrecieron pagarle 30 dólares por cada mujer que esterilizara cuando se desempeñaba como médico ginecólogo en Trujillo, entre los años 1997 y 1998. Proposición que, asegura, rechazó. Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, la declaración de Palacios es una prueba documental que será incluida en la investigación fiscal del caso, a cargo de la magistrada Marcelita Gutiérrez. "Existían metas establecidas por el gobierno de cuántas mujeres se debían esterilizar y para obtenerlas pagaron a médicos bajo una política de Estado dirigida por Alberto Fujimori. Por tanto, no es como ha dicho la candidata Keiko Fujimori de que fueron hechos esporádicos", manifestó. Rivera precisó que además de Alberto Fujimori sus ex ministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa y Eduardo Yong están siendo investigados por el Ministerio Público y podrían ser procesados por crímenes de lesa humanidad. Y es que las esterilizaciones practicadas a más de dos mil mujeres en condiciones precarias y sin su consentimiento tuvieron como consecuencia el deceso de víctimas y, en otros casos, daños en sus organismos producto de las intervenciones quirúrgicas. Así también lo recuerda el representante legal del Estudio para la defensa de los derechos de la mujer (Demus), Julio Arbizu, quien agregó que estas operaciones de ligaduras de trompas se realizaron mediante "un aparato organizado en el poder" y dirigido por el ex presidente Fujimori. "Había un dominio en el destino de la organización desde arriba dirigido por Fujimori y los ministros de Salud y parte de las directivas que se dieron fueron los condicionamientos a los médicos a través de incentivos, económico o profesional", refirió. Sin justicia y sin castigo En un eventual gobierno de Keiko Fujimori, los abogados Rivera y Arbizu coinciden en que las investigaciones se verían paralizadas e, incluso, advierten que podrían ser archivadas ante una presión política. "No tengo ninguna duda de que, en un gobierno de la señora Keiko, este caso no llegue a ser judicializado y no se procese a los investigados que son las mismas personas que hoy acompañan su campaña presidencial", cuestiona Carlos Rivera. "Sus declaraciones sobre que va a indemnizar a las víctimas son de carácter electoral en donde ni siquiera reconoce que se trató de una política de Estado. Aquí lo que estamos discutiendo es un hecho criminal", agregó. Por su parte, Arbizu asegura que ante un triunfo de la ex primera dama del gobierno fujimorista se consolidaría la impunidad sobre este caso. "Es una de las principales preocupaciones que tenemos porque el fujimorismo de antes y el de hoy son uno solo. De eso no hay duda", sentenció. Fiscalía definirá futuro del caso en las próximas semanas La fiscal supraprovincial de Lima Marcelita Gutiérrez se pronunciará en las próximas semanas para dar a conocer si formalizará la denuncia penal correspondiente ante el Poder Judicial por las esterilizaciones forzosas. El caso se encuentra en investigación preliminar en el Ministerio Público y, según precisó el abogado Julio Arbizu, la magistrada daría su veredicto en las próximas semanas. Para Carlos Rivera, la Fiscalía cuenta con las pruebas suficientes que acreditan que se cometieron crímenes de lesa humanidad bajo una política de Estado encabezada por Alberto Fujimori. "Ha transcurrido más de una década y las víctimas exigen justicia", demandó el letrado.
