Secretario general de Fuerza Popular y miembro del equipo de campaña de Keiko Fujimori debe esclarecer el origen de fondos y propiedades ante la Fiscalía de Lavado de Activos, que ha requerido al Poder Judicial que inicie el trámite del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Las cuentas del secretario general del fujimorismo (1), Con el tiempo a su favor. Han transcurrido 15 meses desde que la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe Trujillo, denunció al congresista fujimorista Joaquín Ramírez Gamarra por el delito de lavado de activos. Y el tres de diciembre sumaron 12 meses desde que el fiscal provincial Marco Antonio Cárdenas dispuso iniciar la investigación preliminar contra Ramírez por el mismo caso. Mientras la investigación transcurre con llamativa lentitud, Joaquín Ramírez se ha consolidado como secretario general de Fuerza Popular y la candidata Keiko Fujimori lo ha integrado al equipo de campaña presidencial. PUEDES VER: Proética pide a los candidatos comprometerse en la lucha anticorrupción Pero Ramírez todavía no ha esclarecido el origen de una fortuna que supera los 7 millones de dólares, que es el objetivo de la indagación de la Fiscalía de Lavado de Activos, lo que explica por qué el 19 de octubre del 2015 la fiscal Rosana Villar Ramírez ordenó el inicio de trámites ante el Poder Judicial para el levantamiento de la inmunidad parlamentaria del congresista fujimorista. Según la resolución del fiscal Marco Antonio Cárdenas que dispone el inicio de los actos previos de investigación por presunto lavado de activos contra el fujimorista Ramírez, son motivo de escrutinio 7 inmuebles y 29 vehículos inscritos a nombre de la compañía Capricornio Import; 25 inmuebles y 5 unidades móviles registradas como propiedad de la empresa Lima Ingeniería y Construcción y 6 inmuebles, inscritos a título de la firma Promotora Inmobiliaria Primavera. De acuerdo con Registros Públicos, el titular de Capricornio Import, Lima Ingeniería y Construcción y de Promotora Inmobiliaria Primavera (ver facsímiles) son de propiedad del congresista de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez Gamarra, y suman un valor de 7 millones 53 mil 298 dólares, según indica el expediente del caso. Para el Ministerio Público, la fortuna de Ramírez es sospechosa porque el propio imputado argumenta que es producto de su esfuerzo personal que se inició como cobrador de una combi. La República solicitó reiteradas veces al legislador una entrevista para que ejerciera su defensa ante las imputaciones de las autoridades especializadas en lavado de activos, pero no accedió. Este periódico incluso le envió un requerimiento por escrito, sin embargo, tampoco hubo respuesta. La secretaria de prensa de Joaquín Ramírez, Melissa Muguerza, arguyó que el congresista no daría declaraciones porque la investigación fiscal se encontraba bajo reserva. Érase una vez... Poco después de que la procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, denunció a Ramírez ante el Ministerio Público, el congresista relató cómo fue que de modesto trabajador de una unidad móvil de transporte público se convirtió en millonario. El 14 de setiembre de 2014 declaró al programa "Sin peros en la lengua". Le preguntaron si era cierto que había sido cobrador de combi: "Claro, por supuesto, desde los 19 hasta los 20 años. Yo estudiaba en la universidad en las tardes y en las mañanas de todos los días cobraba. Trabajé año y medio en la combi. Dormía en una cochera donde se guardaba la combi. Así es como empieza mi vida. (La combi cubría la ruta de) La Punta hasta La Molina, por las avenidas La Marina y Javier Prado, La Marina, todas esas rutas. Yo estudiaba y trabajaba", explicó. "A los 24 años (...) abrí la primera empresa porque gané algo de platita cuando empecé a vender vehículos usados. Yo era vendedor de autos usados de un importador, cuando había dejado de ser cobrador. Me daban un sueldo básico y con eso abrí mi primera empresa de importación de vehículos. La importadora de computadoras es Capricornio Import, esa es la segunda empresa. (Con la primera empecé con un capital de 3,500 dólares (...). Mi capital me alcanzó para 2 autos. (Reuní mi capital) con mis comisiones y con mis sueldos. Lo hice en 6 o 7 meses", manifestó el congresista Ramírez. El mismo patrón Sin embargo, para la Fiscalía de Lavado de Activos la versión es insuficiente, por lo que el 19 de octubre del 2015 dispuso el inicio del trámite regular para solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Joaquín Ramírez y así formalizar la investigación y acceder a información bajo reserva. La fiscalía accedió a iniciar las pesquisas debido a que la procuradora Julia Príncipe se refirió a "un incremento inusual del patrimonio del congresista Joaquín Ramírez, desde el año 2003 hasta la fecha, lo que se desarrolló principalmente en el ámbito inmobiliario a través de sus empresas, cuando en sus inicios solo se desempeñaba como cobrador de transporte público", indica el expediente al que tuvo acceso La República. Ramírez en 1999 constituyó Capricornio Import con un capital de 2 mil soles, y entre 2006 y 2013 adquirió con esta firma 7 inmuebles y 29 vehículos por 1.7 millones de dólares. En 2003 formó la empresa Lima Ingeniería y Construcción con un capital de 5 mil 100 soles, que hasta 2013 compró vehículos e inmuebles por 3.7 millones de dólares. Y en 2004 constituyó Promotora Inmobiliaria Primavera con un capital de 1,500 soles, que hasta 2013 adquirió inmuebles por 1.5 millones de dólares. Esta tendencia al inusual incremento del patrimonio también es posible notarla en las Declaraciones Juradas que en los últimos cinco años ha presentado el secretario general de Fuerza Popular. Cuando postuló al Congreso en 2011, Joaquín Ramírez en su Hoja de Vida declaró propiedades inmuebles por 714 mil 225 soles. En la última Declaración Jurada que entregó a las autoridades del Congreso, en julio de 2015, Ramírez señaló contar con inmuebles por 4 millones 127 mil 974 soles. En términos de propiedades inmuebles, de 2011 a 2014 el fujimorista Ramírez las incrementó notoriamente, como lo ha referido en sus Declaraciones Juradas: de 714 mil soles a 4 millones de soles. Este es otro ángulo de la investigación de la Fiscalía de Lavado de Activos. No obstante la indagación fiscal y el pedido de levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Ramírez, la candidata Keiko Fujimori le ha ratificado la confianza. En una entrevista a El Comercio publicada el 29 de noviembre, al mismo tiempo que garantizaba luchar contra la corrupción, informó que Joaquín Ramírez había sido incorporado al frente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Fuerza Popular en plena campaña presidencial. "A la cabeza (del CEN) está el señor Joaquín Ramírez, el secretario general del partido", afirmó Fujimori. Desde esa posición, el investigado congresista fujimorista Ramírez –quien no se lanzará para la reelección por acuerdo de su partido– cumplirá un papel determinante en la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Claves Posición. En conferencia de prensa en el Congreso, manifestó que si la Fiscalía de Lavado de Activos encontraba fundamentos legales y no políticos sería el primero en pedir a su bancada que vote a favor del levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Se allana. Ramírez también expresó que apoyará las pesquisas y que no rehuirá a ninguna citación que se le curse. "Dirigente puede pedir licencia" Para el secretario ejecutivo de Transparencia, Gerardo Távara, Fuerza Popular debería evaluar la situación del legislador Joaquín Ramírez. "Es algo que cada partido, independientemente del caso del señor Ramírez, debe evaluar. Así como los partidos deben evaluar muy bien a qué personas presentan como candidatos, también ver a qué personas otorgan cargos o responsabilidades al interior del partido", dijo. Távara explicó que otra opción es que Ramírez pida licencia. "Dirigentes que tienen este tipo de investigaciones pueden pedir licencia antes de que el partido suspenda la militancia del investigado", añadió. "No podemos prejuzgar sobre su caso" El congresista fujimorista Carlos Tubino Arias Schreiber consideró que no es necesario que el legislador de su bancada Joaquín Ramírez sea apartado de la conducción de Fuerza Popular por enfrentar una investigación por lavado. "No es contraproducente mantenerlo en el cargo (de Secretario General) porque la investigación fiscal no ha concluido. Así que eso de tener que sancionar cuando todavía no se ha concluido una investigación no es correcto", apuntó. Tubino señaló que si bien el caso de Joaquín Ramírez es evaluado por el partido, "todos tenemos presunción de inocencia, entonces, hasta que no concluya la investigación fiscal, no se puede prejuzgar".
