CON PATA DE CABRA NO

La anunciada llegada de un nuevo jefe de la SUNAT coincide con el debate sobre una nueva reforma tributaria, de la cual un posible 1% menos en el IGV es parte, así como el aumento o reducción, según el caso, en algunas obligaciones de los contribuyentes. Pero estos no son los únicos temas a tomar en cuenta.Hasta aquí una de las alternativas fáciles disponibles a ampliar la base tributaria del Estado con nuevos contribuyentes ha sido sentarles la mano a quienes ya están aportando al Estado. Ha funcionado, pero en el proceso se ha confundido la necesaria energía de los recaudadores con la idea de un poder absoluto de la SUNAT ante ellos.Existe constitucionalmente el secreto bancario. Solo cuando un juez así lo dictamina pueden la SUNAT y sus revisores tener “válido y legal conocimiento” de esos ingresos, pagos y depósitos en cuentas bancarias. En ausencia de una orden judicial, la SUNAT debe y tiene que aceptar y respetar “la declaración jurada del contribuyente”.Las nuevas tecnologías electrónicas permiten que los funcionarios de SUNAT ingresen a ese protegido secreto bancario, con riesgo de que en sus revisiones sumen todos los movimientos y transferencias entre cuentas propias de una empresa o de una persona natural y las consideren Ingresos Gravados, en casos en que no lo son ni nunca lo han sido.En muchos casos no se trata de ingresos tributarios sino de operaciones de transferencias no pasibles de tributo. Pero una vez rotos los diques de la constitucionalidad y del mandato judicial, es SUNAT la que queda ubicada en la práctica de la informalidad, y por tanto promoviéndola.Frente a semejante, peligroso y nefasto resultado la informalidad en todas sus formas termina siendo para empresarios y particulares la mejor garantía de no ser asaltado por el Estado, y luego tener que litigar cuesta arriba hasta el fin de los días. La SUNAT debe ser la primera en respetar el secreto bancario y en disociarse de recursos tecnológicos que violan la Constitución.Las teorías sobre informalidad y tributación recomiendan siempre una actitud amigable de los recaudadores. Con mayor razón debe ser practicado esto con quienes, por convicción o por obligación práctica, ya están contribuyendo. Respetar sus derechos constitucionales es una manera de hacerlo.