El perdón como política pública

“¿Cómo será eso de la reconciliación, pues, doctora?” me comentó mamá Adelina García la semana pasada, luego de que el Embajador de Estados Unidos, Bryan Nichols, les hiciera una visita corta pero significativa al Museo de la Memoria de ANFASEP en Ayacucho. Los temas que las valientes y dignas madres de la asociación más antigua de víctimas y afectados han puesto sobre la mesa de las políticas públicas han sido, sin duda, fundamentales para avanzar y evitar la impunidad en nuestro país que, aún hoy, tiene una enorme deuda con esos 15 mil desaparecidos. Pero todavía hay un tema que es incómodo, tanto en los fueros del movimiento de derechos humanos, entre las víctimas y sobre todo entre los perpetradores: me refiero a la reconciliación. Pero la reconciliación al estilo “fujimorista” o MOVADEF, con amnistía y condescendencia para todos los culpables, además de ser inmoral es totalmente contraproducente para una real y auténtica reconciliación. ¿Por qué? Porque la reconciliación no se puede dar sobre la impunidad, sobre el olvido, sobre el “borrón y cuenta nueva”. La única manera en que esas comunidades en las cuales, tirios y troyanos embistiéndose mutuamente aún hoy, puedan llegar a un punto de paz interna en sus corazones es pidiendo perdón a quienes sufrieron los más atroces vejámenes de esos años. Cuando hoy en día hablamos de reconciliación nos referimos, como lo ha señalado la CVR, a un nuevo pacto fundacional entre el Estado y los peruanos, entre la sociedad y todos y cada uno de sus miembros. Este nuevo pacto debe estar encaminado a fortalecer una sociedad sin discriminación de ningún tipo, mucho menos racial o clasista; una sociedad en la que el apellido no signifique nada más que la identidad de la persona; una sociedad en la que el color de la piel no implica una restricción de su acceso a la educación; en la que cualquier peruano, hablando el idioma que hable, pueda hacer un trámite sin necesidad de traductor; en la que campesinos, trabajadores, pequeños y medianos empresarios puedan acceder a una vida digna y justa desarrollando todas sus potencialidades; una sociedad en la que los recursos naturales sean respetados; una sociedad donde las diferencias no sean violencias estructurales que nos oprimen. Este pacto de reconciliación nacional que aún no se ha hecho, ni siquiera se ha planteado, debe de organizarse sobre el perdón como política pública. Es decir, el perdón no puede ni debe entenderse como un elemento religioso en un país que ha atravesado crueldad e infamias entre prójimos y que hoy más que nunca está marcado por la violencia de esos años. El perdón debe de entenderse como una necesidad para poder llegar a una sociedad reconciliada y eso implica, por supuesto, atravesar los propios demonios internos y asumir que incluso el propio Estado los utilizó, en su desesperación, contra peruanos. Como sostiene José Carlos Agüero en su libro, el perdón no es humillación es un derecho: del que lo solicita, del que lo otorga. No se puede exigir a una víctima que otorgue perdón al victimario; tampoco se le puede exigir a un perpetrador que lo solicite: el perdón es un acto único e íntimamente personal que debe ser el producto de un proceso. No el perdón, sino el proceso hacia el perdón es lo que debería, en nuestro país, convertirse en una política pública. Deberíamos de aprender de países como Camboya o Ruanda que, luego de situaciones de genocidios crueles, han optado por políticas de reconocimiento del otro así como de espacios de diálogo. Colombia, tan cerca y tan lejos, ha emprendido una apuesta por el reconocimiento de políticas públicas de perdón. Creo que en el Perú llegó el momento de ser valientes y hablar del perdón como una necesidad pública que, debería, asumirse como una política desde el MINJUS a través de investigaciones, análisis y espacios de encuentro entre víctimas y victimarios.