Por Eduardo Vega Luna (*) En el 2015 los derechos de los pueblos indígenas han estado presentes en la agenda pública, aunque con varias dificultades. Luego de que el Estado negase inicialmente la existencia de pueblos indígenas en la zona andina, se dio inicio a los procesos de consulta previa en proyectos mineros ubicados en esta zona. Asimismo, tras varios momentos de tensión y conflicto se alcanzaron diversos acuerdos en el complejo proceso de diálogo del Lote 192, los que están en proceso de implementación. También se aprobó el Área de Conservación Regional Maijuna–Kichwa, el Reglamento de la Ley Forestal y el Parque Nacional Sierra del Divisor. Debo destacar la emisión de normas para facilitar el acceso de las comunidades nativas a los programas sociales y el fortalecimiento de la Plataforma Itinerante de Acción Social (PIAS) para llevar servicios básicos y atención médica por los ríos más alejados de nuestra selva. También ha sido un año en que los y las estudiantes indígenas empezaron a mejorar su comprensión lectora, gracias a la implementación de la Política de Educación Intercultural Bilingüe. Del mismo modo, la publicación de la Base de Datos del Ministerio de Cultura y el trabajo preparatorio para que la población indígena cuente con un mecanismo de autoidentificación en el censo del 2017, forman parte de las medidas que contribuirán a que el Estado cuente con información oficial para un mejor análisis sociodemográfico y una distribución equitativa de los recursos públicos a favor de dichos pueblos. Los temas señalados muestran un camino complejo, pero auspicioso, para continuar fortaleciendo los derechos de los pueblos indígenas. Es innegable que tenemos una deuda histórica con ellos en temas como el reconocimiento y titulación de sus tierras, la prestación de servicios de salud de calidad, el acceso a la justicia, el respeto de sus derechos sobre los recursos naturales, la protección de los pueblos en aislamiento y la participación de las mujeres indígenas en condiciones de equidad, entre otros. Hay que decirlo con claridad: algunas decisiones estatales inadecuadas y los reducidos recursos presupuestales para atender a los pueblos indígenas los mantienen aún en una situación de pobreza y exclusión. «Siento un vacío. Sentimos (…) un vacío de las instituciones del gobierno del lado peruano», decía Edwin Chota, dirigente de la comunidad de Alto Tamaya Saweto, quien fue cobardemente asesinado por defender su tierra. A pesar de sus múltiples denuncias y visitas a las entidades del Estado, él no encontró una atención efectiva para lograr la titulación de su comunidad, la que llegó recién un año después de su muerte. Pero no basta con la titulación. Se requiere el apoyo concreto para enfrentar a las mafias de tala ilegal de nuestros bosques, situación que afecta constantemente a los pueblos indígenas. Finalmente, debo saludar la creación del Grupo de Trabajo de Políticas Indígenas del Ministerio de Cultura, instancia que durante su primer año de funcionamiento ha servido de bisagra entre autoridades del Estado y los representantes indígenas para facilitar la participación indígena en las decisiones estatales y —sobre la base del diálogo y la búsqueda de consensos— construir una agenda común. No me cabe la menor duda de que el entendimiento que genera el diálogo —aún en situaciones complejas y difíciles— labrará un nuevo país para los ciudadanos y ciudadanas indígenas. Es necesario sumar esfuerzos para que en las próximas elecciones las propuestas de estos pueblos formen parte del debate electoral. Corresponde a nuestras próximas autoridades nacionales incorporar en la toma de decisiones esta importante agenda indígena pendiente. Empecemos, por ejemplo, con un plan serio que permita en los próximos cinco años lograr la titulación de todas las tierras de las comunidades campesinas y nativas. (*) Defensor del Pueblo (e)
