ICE arresta a alcalde demócrata de una ciudad clave de Nueva Jersey por oponerse a políticas migratorias de Trump

La detención de Ras Baraka, alcalde de de Newark, sacudió el escenario político de Nueva Jersey. El 9 de mayo pasado, oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo arrestaron frente al centro de detención Delaney Hall, recién inaugurado en su localidad. Baraka, reconocido por su labor progresista, está actualmente bajo un juicio por un supuesto allanamiento.

El suceso tuvo lugar cuando Baraka, en compañía de activistas y otros dirigentes políticos, manifestaba en contra de la reapertura del centro migratorio, gestionado por una compañía privada bajo un acuerdo con el gobierno federal. El arresto del alcalde ha sido descrito por sus abogados como una “acusación selectiva” y ha intensificado el debate sobre el uso de las instituciones federales para silenciar la oposición local.

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¿Por qué fue arrestado Ras Baraka y qué consecuencias legales enfrenta?

Baraka fue arrestado por oficiales del ICE durante una protesta frente a Delaney Hall, cuando intentaba acceder a las instalaciones en presencia de tres legisladores demócratas. A pesar de que afirmó tener permiso para ingresar y estar en espacio público, los oficiales lo imputaron de violar la propiedad federal y lo sacaron del lugar por la fuerza.

En la actualidad, está bajo un proceso de allanamiento, el cual podría conllevar hasta 30 días de cárcel. Sus abogados sostienen que fue una acción desmedida y motivada por motivos políticos. Aunque otros manifestantes se encontraban presentes, únicamente Baraka fue arrestado. Su defensa confía en que la acusación sea invalidada debido a que es una acusación “selectiva e injustificada”.

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Ras Baraka y su postura respecto al centro de detención de migrantes y la política migratoria de Trump

Baraka ha criticado constantemente las políticas migratorias establecidas durante la administración de Donald Trump. La presencia del centro de detención Delaney Hall en Newark ha sido públicamente rechazada por el alcalde, describiéndolo como un emblema de represión y marginación hacia la comunidad de inmigrantes.

El centro, gestionado por GEO Group con un acuerdo millonario de 15 años, ha sido objeto de críticas por activistas y autoridades locales debido a su supuesto inicio irregular. Baraka juró emplear todos los mecanismos jurídicos para obstaculizar su operación, garantizando que la instalación no poseía los permisos municipales requeridos y que su ciudad no colaboraría con la maquinaria de deportación federal.

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