Asesinó a su novia embarazada, escondió el cuerpo en una maleta en una granja abandonada antes de huir en Wisconsin

La comunidad de Chippewa, Wisconsin, se encuentra en estado de shock tras la trágica muerte de Rosaly Rodríguez, una joven de 25 años que estaba esperando un hijo. Su pareja, Juan Domínguez-García, ha sido condenado a 25 años de cárcel por homicidio imprudente en primer grado, un fallo que ha generado un profundo impacto en los habitantes de la localidad.

En julio de 2020, se informó que Rodríguez estaba desaparecida. Tres meses más tarde, su cuerpo en un estado avanzado de deterioro fue encontrado en una maleta abandonada en una granja rural. Debido al deterioro de los restos, la identificación oficial llevó casi un año.

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Una pregunta parecida sería:

¿Durante cuánto tiempo logró Juan Domínguez-García eludir a las fuerzas del orden antes de ser capturado?

Juan Domínguez-García consiguió evadir a las autoridades durante más de dos años después del descubrimiento del cadáver. A pesar de ser señalado como sospechoso y detenido brevemente en diciembre de 2021, no fue arrestado formalmente hasta mediados de 2023, cuando fue detenido en una parada de tráfico en el estado de Misuri por conducir un automóvil con placas robadas.

En el control, los agentes observaron que el sujeto llevaba múltiples identificaciones con diferentes nombres. Luego de una comprobación de historial, confirmaron que era el principal sospechoso de un homicidio en Wisconsin. Inmediatamente fue arrestado y luego liberado al estado en el que tuvo lugar el delito.

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¿Por qué Juan Domínguez-García cumplirá solo 25 años de condena por un cargo de homicidio en EEUU?

Una resolución hizo que varios cargos fueran retirados como parte del acuerdo de culpabilidad que aceptó Juan Domínguez-García, quien afirmo ser culpable sin impugnar la acusación de homicidio imprudente. Como parte del pacto con la Fiscalía, se descartaron otras acusaciones más graves, como el ocultamiento de un cuerpo sin vida y el homicidio deliberado del recién nacido.

Este acuerdo disminuyó considerablemente la pena potencial, que inicialmente podía alcanzar los 60 años de cárcel. El fallo definitivo también contempla 15 años de libertad vigilada después de cumplir la condena judicial y una orden de abonar US$10.000 en concepto de compensación.