Cubanoamericano gana US$29,85 millones en demanda por propiedad confiscada en Cuba, bajo ley activada por Trump

El cubanoamericano Mario Echevarría obtuvo un fallo histórico en una corte federal de Miami, que ordenó a la agencia de viajes Expedia pagarle US$29,85 millones por el uso indebido de una propiedad confiscada a su familia en Cuba. La demanda se basó en el Título III de la Ley Helms-Burton, activado en 2019 durante la presidencia de Donald Trump.

Este veredicto marca la primera vez que un tribunal de Estados Unidos dicta una sentencia indemnizatoria bajo dicha ley, permitiendo a ciudadanos estadounidenses reclamar compensaciones por bienes nacionalizados por el régimen cubano. La decisión podría abrir la puerta a nuevas demandas similares y generar tensión en las relaciones comerciales con la isla.

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¿Cuál es la ley activada por Trump, que permitió ganar una demanda a un cubanoamericano por US$29,85 millones?

El Título III de la Ley Helms-Burton, también conocida como Ley Libertad, fue promulgado en 1996 pero se mantuvo suspendido por sucesivos gobiernos estadounidenses. Esta disposición permite que ciudadanos estadounidenses, incluidos los nacionalizados tras emigrar de Cuba, demanden en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras que operen en propiedades confiscadas tras la revolución de 1959.

En 2019, la administración de Donald Trump rompió con décadas de suspensión y activó esta sección como parte de su política de máxima presión contra el gobierno cubano. Desde entonces, varias demandas han sido presentadas, aunque la mayoría fueron desestimadas o siguen en proceso judicial. El caso de Echevarría representa el primer fallo favorable a un demandante bajo esta norma.

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¿Por qué fue condenada Expedia a pagar US$29,85 millones a Mario Echevarría?

El jurado determinó que Expedia, a través de sus subsidiarias Hotels.com LP, Hotels.com GP y Orbitz LLC, lucró con la venta de reservaciones en hoteles construidos sobre terrenos expropiados a la familia de Echevarría en Cayo Coco. Los hoteles implicados incluyen el Iberostar Mojito, Iberostar Colonial y Pullman Cayo Coco.

El juez federal Federico Moreno impuso una indemnización de US$9,95 millones a cada una de las tres entidades, sumando el total a casi 30 millones. La defensa de Echevarría argumentó que las empresas actuaron sin verificar la legitimidad de las tierras y, al hacerlo, colaboraron indirectamente con el régimen cubano en la explotación de bienes confiscados ilegalmente.4o