Fujimori, una familia en campaña y con juicios pendientes

Kenji y Sachi Marcela Fujimori han asumido un rol protagónico en la campaña presidencial de Fuerza Popular en apoyo de su hermana Keiko Fujimori. Los dos recorren el país encabezando caravanas, hablando en mítines o protagonizando videos de propaganda política, en representación de su hermana.

Los hermanos están juntos en una campaña electoral, cuyo resultado será importante para su futuro. El triunfo de Keiko Fujimori les permitirá afrontar en mejores condiciones sus cuentas pendientes con la Fiscalía.

Alberto Fujimori: Padre y fundador del fujimorismo. Cumple una condena de 25 años de prisión por homicidio calificado, secuestro y lesiones graves y tiene aún diversos procesos judiciales pendientes, como el caso de las esterilizaciones forzadas. Su hija a prometido liberarlo, si gana la elección presidencial.

Keiko Fujimori: La candidata presidencial de Fuerza Popular desde el 2010 fue congresista en el periodo 2006-2011. También se desempeñó como primera dama de la nación en el gobierno de su padre.

Keiko cumple comparecencia restringida, con prohibición de salir fuera de Lima, sin autorización judicial. Antes, cumplió prisión preventiva. El juez Víctor Zúñiga la autorizó a viajar por el país, pero ese permiso caduca la noche del domingo, 6 de julio.

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, ha pedido para ella una pena de 30 años y 10 meses de prisión por delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración.

Se le acusa de recibir financiamiento ilícito, por más de 38 millones de soles, en las campañas electorales del 2011 y 2016, cuando fue candidata presidencial de Fuerza Popular.

Además, de interferir en el Ministerio Público y el Poder Judicial. La Fiscalía sigue recopilando información y, según fuentes judicial, si no gana la elección se volverá a pedir prisión preventiva en su contra. La presidencia le dará la oportunidad de que el proceso se paralice hasta julio del 2026.

Kenji Fujimori: Fue congresista del 2016 al 2018. Cumple comparecencia restringida, con impedimento de salida del país y el pago de una caución de 50.000 soles. Para evitar pagar esa suma, se ha declarado insolvente y pide que se reemplace ese monto por una garantía hipotecaria.

La Fiscalía lo acusa de delitos de cohecho y tráfico de influencias agravado, que habría cometido siendo Congresista, por lo que se pide una pena de 12 años de prisión en su contra. Se le acusa de haber negociado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski darle apoyo en el Congreso, a cambio de que se otorgue indulto a su padre.

La acusación se sustenta en los “mamanivideos” producidos por legisladores de Fuerza Popular, cercanos a su hermana. “Lo que han hecho ellos (Fuerza Popular) es destruir la gobernabilidad y la economía del país” por su “sed de poder”, declaró al ser suspendido del Congreso, en mayo del 2019. Distanciado de Keiko desde entonces, se han reconciliado para esta campaña.

Sachi Fujimori: El nuevo rostro del fujimorismo en la política. Ella está incluida en la investigación fiscal al patrimonio de la empresa Logística Integral Marítima Andina S.A. (Limasa). En la investigación también están incluidos sus hermano Kenji e Hiro Fujimori y su esposo, el alemán Mark Koenig.

La Fiscalía sospecha del incremento de capital de Limasa, que comenzó sus operaciones en 2009 con 40 mil soles y en 2012 lo incrementó a casi 3 millones de soles, mediante capitalización de deudas, contraídas con Kenji e Hiro.

Un peritaje contable de la Dirección Policial de Investigación de Lavado de Activos (Dirila) encontró que los hermanos Hiro, Sachi y Kenji Fujimori presentan un desbalance patrimonial de 3,3 millones de soles.

Fuerza Popular con pedido de disolución

Como parte de la acusación del caso de los aportes presuntamente ilegales en las campañas del 2011 y 2016, el fiscal José Domingo Pérez plantea la disolución del partido Fuerza Popular.

La Fiscalía considera que este partido político fue infiltrado por una organización criminal y convertido en un instrumento para cometer el delito de lavado de activos. Por lo que en caso de dictarse sentencia condenatoria se plantea la disolución de Fuerza Popular.

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