El Partido Aprista Peruano anunció que denunciará al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por haber rechazado su pedido de ampliar el plazo e inscribir su listas de candidatos al Congreso y Parlamento Andino para las elecciones generales de 2021.
La agrupación política llegó a registrar solo la plancha presidencial, encabezada por Nidia Vílchez, y tres nóminas al Parlamento el 22 de diciembre, fecha límite para este requisito. El personero legal comenzó el proceso en la tarde de ese día, pero no llegó a subir las otras 24 relaciones pendientes.
Ante esta situación, apelaron ante el Pleno del JNE para culminar el proceso, pidiendo que se considere el proceso administrativo en el mecanismo virtual como en el presencial, en el que se establece que una vez iniciado el proceso de registro se debe continuar sin importar la culminación de la fecha de plazo.
Sin embargo, la mayoría de las solicitudes fueron desestimadas por considerar que otras agrupaciones sí cumplieron con los plazos. Por tal motivo, la Comisión Política decidió retirar al APRA del proceso electoral, lo que provocará su eliminación como agrupación política.
El Comité Ejecutivo Nacional compartió este martes un comunicado del plenario nacional realizado el último sábado 16 de enero en el que se precisaron los acuerdos de los dirigentes. Uno de ellos es el presentar una demanda en contra de la entidad electoral, liderada por Jorge Salas, al que llamaron “comunista”.
“Denunciar al Jurado Nacional de Elecciones por el veto político y discriminador al Partido del Pueblo, de negarle el derecho fundamental y constitucional de participación política, negando la inscripción de nuestras listas congresales, por una simplista observación burocrática sin sustento electoral, con el objeto de cancelar nuestra inscripción partidaria”, se lee en el comunicado.
Comunicado del APRA
En conversación con La República, el secretario general político del APRA, Benigno Chirinos, resaltó que los magistrados Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, y Jovián Sanjinez Salazar, quienes definieron el rechazo a los recursos presentados, tienen una posición contra del aprismo.
El dirigente precisó que presentarán una acción de garantía ante un juez constitucional, recurso que será evaluado por el magistrado correspondiente y, de considerarlo fundado, seguirá el proceso hasta llegar al Tribunal Constitucional.
Asimismo, señaló que presentarán un recurso ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El militante aprista Aurelio Pastor, también abogado del APRA en los procesos ante el JNE, señaló que estos mecanismos internacionales serían en contra del Estado peruano, en específico contra los magistrados que rechazaron pedidos del partido.
El presidente del JNE participó en el último Consejo de Estado encabezad por el presidente Sagasti. Foto: difusión
“Estoy seguro de que cuando vayamos a la comisión de las Naciones Unidas van a fallar a favor de nosotros. Va a quedar muy mal parado el Estado peruano y, básicamente, los dos magistrados del JNE. Rechazamos su actitud y lo consideramos cómplices”, señaló Chirinos.
Por otro lado, afirmó que esta posición del Pleno JNE está vinculada al gobierno de Francisco Sagasti, por lo que consideró que su mandato no garantiza un proceso electoral transparente.
“El tema burocrático lo han priorizado y va en contra del derecho constitucional de la participación. Vamos a ir a las sentencias que ya hemos mencionado y sabemos que, más adelante, así ya no participemos (de las elecciones), nos van a dar la razón, y estos magistrados serán sancionados. (...) Ellos tienen un sesgo político. Nunca votarían por el APRA”, mencionó.
Por otro lado, mencionó que en el plenario aprista se decidió informar a la ONPE que ya no les corresponde usar el presupuesto asignado para la publicidad indirecta de la franja electoral de la candidatura presidencial de Nidia Vílchez.
Agregó que solicitarán que este monto sea designado para la lucha contra la COVID-19, como también compartió en sus redes sociales Nidia Vílchez. La posición se suma a la anunciada por George Forsyth; sin embargo, esta medida es inconstitucional porque el monto debe ser usado exclusivamente para la publicidad estatal.
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