El Gobierno izquierdista de Bolivia rechaza la flexibilización del mercado laboral como una posible medida para luchar contra los efectos de la crisis financiera mundial, dijo el ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo. El ex sindicalista y anterior titular de la cartera de Trabajo, en entrevista con la televisión estatal, afirmó que para el Ejecutivo es una prioridad "garantizar la estabilidad y la dignidad en el trabajo". "Flexibilizar el trabajo es lo que están haciendo los países del norte y por eso tienen tal cantidad de desempleados", dijo el ministro, quien agregó que en Bolivia "el empleo no es una variable de ajuste". En respuesta a los dirigentes patronales que han solicitado facilitar el despido, Delgadillo afirmó que "ningún empresario serio en este país puede decir que en tiempo de crisis financiera hay que flexibilizar el trabajo". "Para nosotros un principio es el respeto y la dignidad del trabajo", agregó y señaló que el Ejecutivo dedicará sus esfuerzos a "garantizar la estabilidad y la dignidad en el trabajo". Delgadillo dedicó gran parte de su intervención a explicar "el paquete de decretos referidos al tema laboral en cumplimiento de la nueva Constitución", que el pasado 1 de mayo promulgó el presidente Evo Morales. En concreto, el mandatario aprobó cinco reglamentos en favor de la estabilidad del empleo, uno de ellos para que los derechos laborales se garanticen a todos los trabajadores, sea cual sea su modalidad de contrato y con especial atención para las subcontrataciones. Otro obliga a los empresarios bolivianos a proteger las condiciones de higiene, salud y seguridad en el trabajo con la dotación a los empleados de equipos y condiciones adecuadas. Morales también decretó que el pago de indemnizaciones como compensación al desgaste físico y psíquico de empleados se aplique con 90 días de trabajo continuo y no con el mínimo de cinco años trabajados, como regía hasta ahora. Los otros dos decretos se refieren a la concesión de un bono de mil pesos bolivianos para los funcionarios del sector público y a la garantía de aportes sindicales para los dirigentes del sector del magisterio urbano. (La Paz, EFE).
