Presidente de la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros, Javier Diez Canseco:

E l presidente de la comisión parlamentaria de Delitos Económicos y Financieros, Javier Diez Canseco, adelantó ayer que se investigará el ìsalvataje bancarioî que ha costado al país US$ 1,800 millones, según datos preliminares. Manifestó que para eso será necesario no sólo investigar a los funcionarios públicos involucrados sino también a los bancos implicados que serían ocho entidades que no quebraron gracias a millonarias inyecciones de dinero del Estado. También se van a evaluar las privatizaciones, desde sus objetivos propuestos y los resultados en términos de inversión, así como en función a empleo, tecnología, extensión del servicio, abaratamiento de tarifas y trato al público. Sin hacer mención a nombres de empresas, manifestó que existen privatizaciones que exigieron millonarias inversiones previas, mientras que en otros casos se hicieron con cuentas bancarias de las empresas privatizadas que luego pasaron a nombre de los nuevos propietarios, mencionó. También hay privatizaciones de empresas que tenían por cobrar deudas con el sector privado y que fueron hechas por las empresas adquirientes, denunció. Dijo que tomará en cuenta la propuesta del congresista Pedro Morales de contratar los servicios de auditores internacionales para el proceso de privatización que involucra a por lo menos dos centenares de empresas. Banca de fomento Otro tema a investigar será el de la liquidación de los bancos de fomento, como el Agrario o el Industrial, puesto que hace 10 años que continúa el mencionado proceso sin fecha de finalización. También se indagará a fondo gran parte de las licitaciones, de la administración tributaria, de las que no dudó que se derivarán en una serie de identificación de ilícitos penales. Debido a que será un presupuesto importante el que deberán manejar, Diez Canseco dijo que se buscan fórmulas para no gravar en el país, aunque resaltó que los resultados serán muy concretos gracias a la gente de alto nivel que será convocada. Entre aquellos que deberán en primera instancias ser llamados para colaborar con la Comisión se encontrarán los funcionarios públicos vinculados a Economía y Finanzas, así como los que estuvieron en las comisiones privatizadoras. Manifestó que las sesiones serán privadas, porque a su entender, esta investigación requiere de privacidad, para poder hacer los interrogatorios adecuadamente y manejar ciertos documentos confidenciales. Sin embargo, señaló que la comisión rendirá algunos resultados de manera periódica. Consideró que de todas maneras se necesitará más allá de los 120 días, por la exhaustiva investigación encargada. A beneficiarios entre 1991 y 1994 y a partir del 1 de julio de 1996 MEF mantiene topes vigentes de pensiones .....El ministerio de Economía y Finanzas resolvió ayer mantener los topes vigentes en las pensiones de los beneficiarios que adquirieron el derecho a la prestación económica entre 1991 y 1994 y a partir del 1 de julio de 1996. Mediante una resolución ministerial, firmada por el titular de la cartera, Pedro Pablo Kuczynski , se precisó que la posibilidad de imponer topes a las pensiones de los cesantes del régimen del Decreto Ley 20530 proviene de ese mismo dispositivo legal, al establecer en el artículo 57 que el monto máximo mensual de las pensiones sería fijado en la ley del presupuesto del sector público. La norma indica que si bien el Tribunal Constitucional ha emitido dos sentencias sobre el caso, una en 1997 y otra en junio del 2001, sobre aplicación retroactiva de topes, se colige que lo cuestionado y sancionado es la violación del principio de irretroactividad de la ley. En los considerandos se recuerda que en el año 1991, la ley anual de presupuesto del sector público prohibió el otorgamiento de pensiones que sean superiores a la remuneración total que percibe mensualmente el funcionario de más alto nivel administrativo del sector. En tal sentido, se señala que el referido dispositivo fue materia de una acción de inconstitucionalidad, la cual fue rechazada por el Tribunal Constitucional. El ministerio de Economía precisó que también se establecieron topes pensionarios en las leyes del presupuesto para los años 1992, 1993 y 1994. Asimismo, indica que se estableció como tope aplicable a las pensiones del régimen del decreto ley 20530 el sueldo de un congresista cuya vigencia es a partir del uno de julio de 1996.