¿Sabías que las deudas bancarias caducan en Perú? Descubre cuántos años deben pasar según el Código Civil

Los problemas financieros, como las deudas bancarias, pueden convertirse en una carga emocional importante para los deudores. Por ello, es esencial conocer los plazos establecidos en la legislación peruana para la prescripción de deudas. Según el Código Civil, las deudas pueden dejar de ser exigibles en los tribunales después de un determinado tiempo, brindando cierto alivio a quienes no han podido cumplir con sus obligaciones económicas.

Además de lo dispuesto en el Código Civil, existen otras regulaciones que influyen en el manejo de las deudas en el sistema financiero, como las emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Conocer estos aspectos es clave para gestionar correctamente las finanzas personales y evitar complicaciones legales y crediticias.

Deudas bancarias: ¿qué dice el Código Civil sobre su prescripción en Perú?

El Código Civil peruano establece que las deudas bancarias prescriben después de diez años. Este plazo se aplica desde el momento en que la deuda es exigible, es decir, desde la fecha en que el deudor está obligado a realizar el pago. Una vez transcurridos esos diez años, el acreedor pierde el derecho de exigir el pago de la deuda por la vía judicial.

Este plazo de prescripción representa una oportunidad para los deudores, ya que, después de ese periodo, pueden solicitar ante un tribunal la extinción de la deuda. Si el juez acepta la prescripción, la obligación de pago queda legalmente anulada. Sin embargo, aunque la deuda ya no pueda ser cobrada judicialmente, el historial crediticio del deudor seguirá reflejando la deuda por un tiempo adicional.

¿Qué implica que una deuda prescriba?

Las deudas bancarias en Perú prescriben a los diez años, según lo estipulado en el Código Civil. Durante ese periodo, el acreedor puede iniciar acciones judiciales para reclamar el pago. Si no se efectúa ninguna demanda dentro de esos diez años, el deudor puede solicitar la prescripción. No obstante, es importante destacar que el registro de la deuda puede permanecer en los sistemas de información crediticia, como Infocorp, por varios años más, afectando la calificación crediticia del deudor.

Una vez solicitada la prescripción y aprobada por el tribunal, el deudor queda exento del pago, pero su historial crediticio puede seguir mostrando la deuda, lo que complica la obtención de nuevos créditos. Este registro varía según las políticas de cada entidad financiera y las disposiciones de la SBS.

¿Qué bienes pueden embargar las entidades bancarias?

El Código Civil de Perú también define qué bienes son susceptibles de ser embargados por las entidades bancarias en caso de deudas impagas. Entre los bienes embargables se incluyen los siguientes:

• Bienes no constituidos como patrimonio familiar: Hasta dos tercios del patrimonio familiar pueden ser embargados.
• Vehículos, maquinaria y herramientas: Siempre y cuando no sean indispensables para el ejercicio de la profesión u oficio del deudor.
• Remuneraciones y pensiones: Aquellas que superen las cinco Unidades de Referencia Procesal (URP) pueden ser embargadas. Esto equivale a S/ 2.475, dado que una URP está valorada en S/ 495.

Es importante que los deudores comprendan qué bienes están protegidos por la ley para evitar el embargo de sus bienes esenciales. Esto garantiza que las personas puedan continuar desempeñando su trabajo o mantener los recursos básicos para su subsistencia.

¿Qué pasa luego de los 10 años de prescribir la deuda?

Tras pasar 10 años sin que el acreedor emprenda acciones legales, el deudor tiene la posibilidad de pedir la prescripción de la deuda ante un juez. Si la solicitud es aceptada, la deuda se cancela legalmente y el deudor queda libre de la obligación de pagar. No obstante, aunque ya no se pueda reclamar judicialmente, la deuda sigue figurando en el historial crediticio del deudor, lo que afecta su puntuación. Este registro puede mantenerse en sistemas como Infocorp por varios años adicionales, dependiendo de las normativas y políticas internas vigentes.