Piden realizar ajustes al trabajo remoto
Mejoras. Plantean que modalidad sea de manera obligatoria en actividades que puedan aplicarse y que sobrecostos laborales sean asumidos por el empleador.
Hace unos días, un usuario de Twitter reportó que Carlos Flores Cochachín, un trabajador estatal del Programa Nuestras Ciudades (PNC) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), falleció víctima de COVID-19.
Y es que, a pesar de que era una persona de alto riesgo −pues tenía obesidad− y su trabajo consistía en trasladar documentos a distintas áreas estando en constante contacto con otras personas, la entidad del Estado dispuso que asista a laborar de forma presencial.
Además, contó el usuario, hay más trabajadores que han sido contagiados de Covid-19 justamente por no priorizar el trabajo remoto en la institución.
En respuesta, el MVCS indicó que desde mayo todos los trabajadores presenciales envían todos los meses una ficha con sus datos de salud, la misma que tiene carácter de declaración jurada. La última ficha enviada por Flores fue del 28 de diciembre. “De acuerdo con la información enviada y la normativa vigente, el señor Carlos Flores no se consideraba población de riesgo, por lo que quedó autorizado para desarrollar trabajo presencial”, argumentó.
El sector privado tampoco es ajeno a las denuncias laborales, pues el Sindicato Mayoritario de Trabajadores de Toquepala y Anexos dijo que la empresa Southern Perú Copper Corporation (Grupo México) no tiene a la fecha un protocolo de bajadas para sus trabajadores, el cual es necesario para que ingresen a laborar en la mina, así como para que salgan del campamento minero y visiten a sus familias.
Ejemplo desde el Estado
El caso de Flores se conoce justo días después de que la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, exhortara como parte de las medidas de carácter permanente a que tanto el sector público como privado continúen implementando el trabajo remoto hasta el término de la pandemia. Ello para contener la propagación del Covid-19, ante el inicio de la segunda ola.
“Sabemos que hay un sector importante de trabajadores independientes a los que no les queda otra que salir a trabajar fuera de sus hogares, pero todos aquellos que estamos en los sectores público y privado invocamos a continuar en la medida de lo posible con el trabajo remoto”, dijo hace unos días la primera ministra.
Sin embargo, a pesar de que desde el Gobierno han pedido que se priorice la implementación del trabajo a distancia, las entidades del Estado no estarían cumpliendo con ello en el marco de la pandemia.
De acuerdo a la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Sector Público (Contrasep), muchas de las entidades públicas vienen exigiendo a su personal el trabajo presencial o mixto, incluso cuando la propia actividad puede realizarse de forma remota y se cuenta con los sistemas informáticos para tal fin.
“El personal más expuesto a este tipo de presiones es aquel que se encuentra trabajando de forma temporal, como son los CAS y los de servicios de terceros”, expresó la Contrasep mediante un comunicado.
Ante ello, han exigido al Gobierno que habilite un mecanismo institucional efectivo para la denuncia de los trabajadores públicos, lo cual conlleve a la supervisión de las entidades infractoras y la sanción correspondiente.
Para el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros, más que promover el trabajo remoto es que se incluya en la norma la obligatoriedad del mismo. Esto debido a que actualmente esta modalidad es facultativa para las empresas; es decir, ellas deciden si la siguen implementando.
“Una buena medida en lo laboral sería establecer la obligatoriedad del trabajo remoto en todas aquellas funciones u ocupaciones donde se pueda aplicar. No opcional como es ahora, sino que sea obligatorio”, planteó Cuadros.
Vale mencionar que la vigencia del trabajo remoto es hasta el 31 de julio del presente año, pero podría ampliarse en función de la emergencia sanitaria.
Se requieren ajustes
Si bien el trabajo remoto es una modalidad que se creó por la pandemia, ante el confinamiento estricto que se decretó en marzo pasado, la implementación de ello ha ido acelerando la migración a esta nueva forma de trabajo.
Y es que según cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a diciembre del año pasado, unas 220.000 personas en el sector privado realizaban trabajo remoto.
Además, en octubre del 2020 se registró que 10.445 empresas habían implementando esta modalidad.
Aunque hay claramente un crecimiento del trabajo remoto, explicado por la pandemia del Covid-19, diversos expertos consideran que deben realizarse algunos ajustes, luego de diez meses de haberse creado esta modalidad.
En lo que más coinciden los especialistas consultados es sobre los costos que se le generan al trabajador por laborar desde casa.
La norma del trabajo remoto señala que la empresa no está obligada a compensar al trabajador por los gastos que implique su labor, como el exceso en los recibos de luz por tener un dispositivo conectado por más de 8 horas, la mayor velocidad del internet para mejor conexión, el mantenimiento de los equipos tecnológicos y en algunos casos la compra de una nueva computadora o la línea telefónica para hacer llamadas, entre otros.
Ante ello, el exviceministro de Empleo Fernando Cuadros considera oportuno que se realicen ajustes a la norma y se precise que las empresas sean las que asuman estos costos.
“La norma dice que podrían ponerse de acuerdo las partes para que la empresa asuma los gastos, pero no hay una obligación”, resalta el experto.
En tanto, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), Julio César Bazán, sugirió que se sustituya el ‘trabajo remoto’ por el ‘teletrabajo’, el cual ya está regulado y está más pensado en los trabajadores y empresas.
Cabe precisar que la ley del teletrabajo sí obliga a los empleadores a asumir los gastos laborales.
“Estamos de acuerdo en que se haga un trabajo a distancia, pero que las reglas sean con las normas vigentes del teletrabajo y que deje ya esta etapa del trabajo remoto, donde las empresas están exoneradas de una serie de costos”, recalcó Bazán.
Agregó que producto del trabajo desde casa, las empresas han reducido sus gastos e incluso en algunos casos han dejado de arrendar un local, mientras que los trabajadores han tenido que ser objeto de reducciones de sueldo e incluso gastar más en la luz, internet y demás.
Dictamen pendiente al Pleno
El Parlamento también ha puesto su mirada en el trabajo a distancia. Es por ello, que se han presentado varias iniciativas legislativas, pero referidas a la ley del trabajo.
El que más ha avanzado es el que plantea la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, el cual en su momento fue liderada por el ahora presidente de la República, Francisco Sagasti, y que bajo su mandato aprobó el dictamen de la nueva ley del teletrabajo.
El texto aprobado tiene algunos cambios, el que más llama la atención es referido a los costos que asume cada una de las partes. El documento precisa que si bien la empresa debe otorgar los equipos y proveer el acceso a internet, el trabajador podrá encargarse de ello, lo cual deberá ser compensado por la empresa. Sin embargo, el dictamen añade que este reintegro podrá ser desistido por el teletrabajador.
“Cuando se acuerde que el teletrabajador aporte sus propios equipos de trabajo y el servicio de acceso a internet, estos deben ser compensados por el empleador, salvo que el trabajador desista de este derecho”, menciona el texto aprobado en setiembre del año pasado.
Facilidad en la salida de trabajadores
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a que tomen las medidas necesarias que permitan la salida, con la debida anticipación, de los trabajadores que realicen labores de manera presencial, a fin de dar cumplimiento al horario de inmovilización social obligatoria, según el nivel de alerta por departamento.
La entidad precisó que las horas dejadas de laborar podrán ser compensadas en la forma y oportunidad que acuerden las empresas y trabajadores. Ante falta de acuerdo, el empleador será el que tome la última palabra.
El dato
Importante. El trabajo remoto contempla la desconexión digital, lo que significa que si no se respeta la jornada de trabajo pactada, la empresa debe asumir el pago por las horas extras realizadas.
Las cifras
220 mil personas en el sector privado realizan trabajo remoto, según el MTPE.
10.445 empresas implementaron la modalidad del trabajo remoto.
31 de julio del 2021 es la vigencia del trabajo remoto, pero puede ampliarse.
Reacciones
Violeta Bermúdez, titular de la PCM
“Una medida de carácter permanente que debemos adoptar mientras continúe la pandemia es promover el trabajo remoto tanto en el sector público como en el sector privado”.
Fernando Cuadros, exviceministro de Empleo
“Una buena medida sería establecer la obligatoriedad del trabajo remoto en todas aquellas funciones u ocupaciones donde se aplica. No opcional como es ahora, sino que sea obligatorio”.
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