Vecindarios sin vivienda social

Allá por el año 1966, cuando San Isidro ya era uno de los distritos más exclusivos del país, a las autoridades de la época se les ocurrió construir, en medio de las aristocráticas residencias, un proyecto de vivienda dirigido a la clase media limeña.

El proyecto se llamó Residencial Santa Cruz. Se levantó entre las avenidas Belén y General Córdova y consideró la construcción de más de 400 departamentos, de aproximadamente 80 metros cuadrados cada uno.

Se ignora si es que en ese momento el alcalde distrital o los vecinos protestaron por lo que significaba la irrupción de ese complejo habitacional en el vecindario. En todo caso, de eso ya han pasado casi 60 años. Y la Residencial sigue allí, sin causarle problemas a nadie.

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Hoy día, la posibilidad de que nuevos proyectos inmobiliarios perturben la apacible cotidianeidad de los vecindarios sanisidrinos –o, como sus autoridades dicen, su “residencialidad”– ha encendido las alarmas en ese distrito.

El pasado domingo 12, la municipalidad distrital publicó un comunicado en el que rechazó la aprobación dentro de su jurisdicción de proyectos que incluyan viviendas de interés social (como los incluidos en el Fondo MIVIVIENDA).

Su argumento fue que este tipo de proyectos generarían un impacto negativo en el entorno en el que serían insertados.

No fue la primera vez que esa comuna intentaba impedir la construcción de viviendas de interés social en su distrito. En octubre de 2020, cuando el alcalde era Augusto Cáceres, presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda de conflicto de competencia contra el Ministerio de Vivienda para dejar sin efecto la norma que promueve la construcción de viviendas de interés social en zonas urbanas.

San Isidro perdió la demanda, pero no cejó.

En junio de 2021, la Municipalidad de Lima acudió en su ayuda, y en la de otros municipios que blandían el mismo rechazo, como La Molina, Magdalena y Barranco, y publicó una ordenanza que excluía del ámbito de aplicación de la norma del Ministerio de Vivienda a las “áreas de tratamiento normativo III”, que son justamente los distritos de la llamada Lima Top.

Hoy, San Isidro, con nueva alcaldesa, alza la voz nuevamente para cerrarle el paso a los proyectos inmobiliarios que podrían traer muchos nuevos vecinos, de distinto origen social.

Medida discriminatoria

–Este tipo de acciones no pueden darse en un país democrático –dice Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO)–. Ningún funcionario público puede decir “a nosotros no nos involucra la norma”.

A Zapata le preocupa que pueda haber un componente discriminador en la actitud del municipio de San Isidro, ya que “podría interpretarse como que en San Isidro solamente vivimos los que ya estamos” y que no se quiere recibir a las familias que se podrían acoger a los programas de vivienda de interés social.

–Lo que pretende hacer San Isidro, y también otros distritos, que es desconocer licencias que han sido otorgadas en el marco de normas vigentes, es ilegal –dice, por su parte, el arquitecto urbanista Aldo Facho.

El especialista dice que con esta actitud estos gobiernos locales tratan de frenar la aplicación del Decreto Supremo 010-2018, y sus modificatorias, con el que el Ministerio de Vivienda ha tratado de impulsar la construcción de viviendas de interés social en el país.

José Cerrón Valdivia, director de Políticas y Regulación en Vivienda de ese ministerio, explica que con el DS 010 se flexibilizó el diseño de los proyectos inmobiliarios para que pudieran calzar en los precios topes que ofrece el Fondo MIVIVIENDA. Eso significó que, por ejemplo, se pudiera construir edificios más altos y con un mayor número de departamentos.

Sin embargo, sostiene Aldo Facho, el problema con estas normas es que podrían sobrecargar el suelo urbano con más personas de las que las ciudades podrían soportar. En eso parece coincidir con la Municipalidad de San Isidro, que en su comunicado advirtió que los proyectos de viviendas sociales no garantizaban la provisión de infraestructura y servicios.

José Cerrón responde que eso no es verdad, porque ningún proyecto inmobiliario se ejecuta sin antes obtener la factibilidad de servicios, uno de los permisos más importantes.

–Además, en estas zonas consolidadas los servicios ya existen. Lo que se tendría que hacer son obras de mejora o complementarias.

Jorge Zapata, el presidente de CAPECO, anota que, por ejemplo, con frecuencia las inmobiliarias ejecutan obras de ampliación de las redes de agua y desagüe en las zonas donde van a levantar proyectos, con el fin de que estas soporten el aumento del número de residentes.

Más infraestructura

Para el urbanista Aldo Facho, el problema es mucho más complejo.

–Yo no estoy en contra de la densificación, es un proceso natural –dice–. Pero la densificación tiene que venir de la mano con el reforzamiento de la infraestructura urbana para garantizar la calidad de vida de los residentes actuales y futuros. Si yo incremento el número de residentes sin aumentar la infraestructura, en términos de luz, agua, parques, colegios, transporte público, avenidas, voy a afectar la calidad de vida.

Facho dice que está a favor de la inclusión y de que personas con menores ingresos puedan vivir en las zonas céntricas de la ciudad.

–En San Isidro, por supuesto. De repente no en El Golf, pero sí en Javier Prado, en la Arequipa... Mi crítica a las normas que ha dado el Ministerio de Vivienda es que se imponen parámetros urbanos sin procesos de planificación urbana que garanticen calidad de vida.

José Cerrón, del Ministerio de Vivienda, asegura que sí ha habido una planificación previa, que está plasmada en el Plan de Desarrollo Metropolitano. Sostiene que a partir de esa planificación, las autoridades sí han podido tener en cuenta dónde se pueden desarrollar proyectos con viviendas de interés social.

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