Sentencia VIP

De la minúscula agrupación que comenzó a participar en política, allá a principios del noventa, pagando a duras penas un sencillo anuncio publicitario donde aparecía, trepado en un desvencijado tractor, un hombrecillo con rasgos asiáticos que ofrecía “honradez, tecnología y trabajo” –de la triple mentirota nos hemos ocupado muchas veces–, hasta el monstruoso caterpillar en el que se convirtió cinco lustros después, en manos de su hija, muchos, demasiados millones de dólares han corrido bajo el puente.

Ahora, la lideresa del partido que alguna vez se pintó como el David que derrotó a ese Goliat llamado Fredemo (la alianza que, entonces, derretía el corazón y los bolsillos de los grandes empresarios del Perú), no solo manejó con prepotencia una mayoría absoluta en el hoy disuelto Congreso, sino que, como se ha probado finalmente, era capaz de cobrar, en rabioso contado, gigantescos aportes a los financistas más empingorotados y ha demostrado que puede, si quiere, torcerle el brazo al mismísimo Tribunal Constitucional.

Y esto último se ha demostrado palmariamente esta semana –poco después de que también quedara en evidencia, con tres millones seiscientas cincuenta mil razones, la incondicionalidad del gran empresariado a la doña–, cuando en un fallo por demás controversial, cuatro miembros de la más alta instancia de la justicia peruana decidieron otorgarle la libertad, sentenciando a favor de la acción de amparo que presentó hace unos meses su hermana Sachi y anulando los dieciocho meses de prisión preventiva que le había impuesto un juez.

Que Keiko Fujimori pueda ahora hacer su campaña rumbo al 2021 en libertad es, sin duda, positivo, pues ya no contará con la ventaja de victimizarse y utilizar su carcelería, la misma que también soportaron los esposos Humala en las mismas circunstancias, para armar una de esas telenovelas a las que ella y su familia, comenzando con las lloriqueantes cartas de llamado a la unidad familiar de su padre y terminando por la alharacosa huelga de hambre de su esposo Mark, son tan aficionados.

Así, la campaña permitirá que todos los candidatos partan de un terreno parejo, sin ventajas o hándicaps que luego alteren el resultado electoral, como cuando, el 2016, la exclusión de Julio Guzmán y César Acuña por los remilgos burocráticos del JNE (que, sin embargo, “disculpó” a Fuerza Popular habiendo cometido las mismas faltas) terminó llevando a un Pedro Pablo Kuczynski a la segunda vuelta. El resto de la triste historia la conocemos, y hemos sufrido, todos.

Lo que es un escándalo es el modo sospechoso en que se ha procesado esta sentencia que, en el peor de los casos, podría implicar presiones a uno de los magistrados –Carlos Ramos, quien no solo ha cambiado radicalmente de postura sobre la libertad de Keiko Fujimori, sino que hasta se ha inventado un nuevo argumento para justificar su viraje: que, al haber sido disuelto el Congreso, ya no habría peligro de obstrucción de la justicia– y, en el menos malo, dar cuenta de un trato privilegiadísimo que no se da a ninguna otra presa común en nuestro país.

Solo en Santa Mónica, según atestiguaron las propias internas que enviaron una carta pública a Ernesto Blume, el magnánimo presidente del Tribunal Constitucional, siempre tan preocupado por la “injusta carcelería” de la Señora K, el 80% de las presas está en prisión preventiva de 36 meses y, el 10%, de 18 a 24 meses, pero ninguna tiene el trato VIP que se otorga a lideresa del fujimorismo.

¿Habrá pensado un segundo en ellas la heredera (sorry, Kenji) de Alberto Fujimori cuando levantó vuelo rumbo a su casa a las 8:36 de la noche del viernes? ¿Le interesará un pepino que se queden esperando justicia diez, cien o mil internas, mientras ella pueda disfrutar de su libertad y hacer su campaña en paz? ¿Habrá reflexionado en la cárcel y cambiado en algo la actitud destructiva que, finalmente, la llevó al predicamento judicial en que se encuentra?

Sospecho que no tendremos que esperar demasiado para conocer las respuestas a estas preguntas.