Seguimiento y reglaje a toda máquina: José Jerí y la marcha de sacrificio Uyariy

En La República hemos dado cuenta de no pocos hechos evidentes en cuanto a cómo la cultura ha estado siendo tratada por el gobierno peruano, específicamente desde finales del año 2022. Exactamente desde que Dina Boluarte llegó a Palacio. El llamado pacto corrupto (es decir, los intercambios de favores entre Boluarte y el Congreso) no solo incluía en el tazón factores políticos, judiciales y económicos; ahí estaba igualmente el tópico cultural, un elemento ausente del discurso de la derecha congresal durante varios lustros, pero que apareció con fuerza con Boluarte en el poder.

Pero tampoco hay que pensar que el discurso cultural de la derecha congresal posee bases sólidas amparadas en lecturas, bagaje y una visión poliédrica de la vida. Es mucho más básico: el discurso empleado, y al respecto circulan innumerables muestras del mismo, no es otro que el acomodo de la memoria, la negación de eventos de nuestra historia contemporánea marcados con sangre y que aún no se han esclarecido y que continúan sin encontrar justicia. Pensemos en lo que nos pasó en los años 80, etapa que ha generado valiosas muestras culturales en las que confluyen la denuncia y el trabajado factor formal (la dimensión estética).

La ley de cine

Durante la gestión de la señora Boluarte, el Ministerio de Cultura fue utilizado como un recurrente canal de cancelación en contra de artistas e intelectuales críticos a su régimen. Además, en dicha gestión, a saber, se permitió la aprobación de una nueva ley de cine, la cual, en lugar de incentivar la producción nacional, tenía como objetivo destruir o controlar el contenido del cine que se hace en las regiones del país (de toda esta producción salen no pocos proyectos que denuncian lo acaecido en los años del terror). Esa ley de cine, aparte de los sinuosos intereses económicos que la motivaron, está hecha para borrar y acomodar, como indicamos líneas atrás, la memoria peruana última. Boluarte y el Congreso hicieron todos los esfuerzos por mantener esa ley que, en esencia, es una muestra del nulo conocimiento de sus hacedores de lo que es un cine nacional.

Pero a esa memoria que se pretende controlar, se suma otra muy incómoda: los asesinatos de decenas de peruanos en las protestas del 2022-2023.

Jerí y La marcha de sacrificio Uyariy

Del estallido social 2022-2023, se han podido ver varias expresiones artísticas que lo abordan. De ellas, el documental de Javier Corcuera, Uyariy, es el que ahonda más en las heridas de los familiares de las víctimas, quienes buscan justicia tras los asesinatos de sus seres queridos. Este documental, como bien La República dio cuenta, estuvo a nada de ser boicoteado precisamente en el día de su estreno (08/01). Fue el público, que llenó las salas en horarios inaccesibles, el que hizo que la presión política que había sobre los administradores de las salas de cine no prosperara.

Días antes del estreno de Uyariy, el 06/01, se desactivó el Eficavip (el equipo de fiscales que investigaba los crímenes del estallido social). Desactivación más boicot: el chiste se cuenta solo. La derecha del Congreso, de la cual sale José Jerí, no quiere que se indague más en este asunto por tratarse de muertes de las que son políticamente responsables.

Los familiares de las víctimas, muchos de los cuales forman parte del documental, decidieron emprender una marcha de sacrificio a Lima, llamada Uyariy (escuchar en quechua). Quieren que la justicia los escuche y mostrar su solidaridad con la familia del ciudadano asesinado en Lima el 28/ 01/2023. Salieron en bus desde Juliaca el pasado viernes 23; la mayoría conforma la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de Enero. En esa fecha, fueron asesinadas 18 personas (dos adolescentes entre ellas).

Llegaron a Cañete el domingo 25. Desde Cañete comenzaron a caminar hasta Lima. Pero en el trayecto de Juliaca a Cañete, el bus que los transportaba fue seguido por patrulleros desde Valle del Tambo y Mollendo, en lo que vendría a ser un claro acto de amedrentamiento. “Si cualquier cosa pasara con nuestras vidas, responsabilizamos al ministro del Interior”, dice Raúl Samillán de la mencionada asociación para la cuenta de Facebook de 24 Noticias en Vivo. “Hemos decidido llamar a la marcha Uyariy porque necesitamos ser escuchados. Esta lucha para nosotros es justa y necesaria. Nadie nos va a intimidar”, precisa una familiar de las víctimas que viaja en el bus.

El pasado jueves 22, el presidente interino José Jerí ofreció una conferencia en la que brindó datos sobre el avance de su gestión en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Como señaló La República, las cifras ofrecidas no calzaban con la realidad. Pero lo que sí calza con la realidad es que en su gobierno se dispone de recursos de la policía para seguimientos a gente inocente que busca justicia y no para luchar contra la extorsión y el sicariato.

De acuerdo con la logística de la marcha de sacrificio, esta debería llegar a Lima este martes 27. Estaremos atentos.