Presidente guatemalteco dice que la policía no acatará órdenes "ilegales" de la Fiscalía
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aseguró que no permitirá que la policía ejecute órdenes "ilegales" de la Fiscalía y citó con "urgencia" a la fiscal general, Consuelo Porras, a quien responsabiliza de la "crisis" del sistema de justicia guatemalteco.
Arévalo anunció esas medidas en rueda de prensa luego del allanamiento del domicilio de un exministro de su gobierno y dos días después de que, a pedido de la Fiscalía, una corte ordenara la vuelta a prisión del periodista José Rubén Zamora, tras un mes en arresto domiciliario.
"Nuestro gobierno no permitirá que la fuerza pública ejecute órdenes ilegales provenientes de un Ministerio Público (fiscalía) criminalizador y arbitrario", manifestó el presidente.
Agregó que enviará el lunes la citación a la fiscal para que explique su papel en la "instrumentalización" de la justicia, la "limitación de la libertad de expresión y la persecución a periodistas" según reportes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.
Zamora pasó dos años y medio preso acusado por la Fiscalía de supuesto lavado de dinero, lo que él denuncia como represalia por publicar casos de corrupción en el anterior gobierno del derechista Alejandro Giammattei (2020-2024).
La defensa de Zamora presentó el viernes un recurso de amparo por lo que aún no ha sido regresado a prisión. La revocatoria del arresto domiciliario fue condenada por Arévalo y organizaciones de prensa.
Los anuncios del presidente se dieron tras el allanamiento que ejecutó este domingo la policía, ordenado por la Fiscalía, del domicilio del exministro de Comunicaciones, Félix Alvarado, investigado por supuesto lavado de dinero. Fue un "hecho deleznable", expresó Arévalo.
"Es otra más de una seguidilla de hechos gravísimos que demuestran la arbitrariedad y cooptación de las instituciones de justicia", agregó.
Arévalo también citó el caso de una excolaboradora, Ligia Hernández, quien estuvo tres meses presa y fue excarcelada esta semana tras verse presionada, dijo, a aceptar los cargos de supuesto financiamiento ilícito en el partido gobernante.
Porras, sancionada por Washington por considerarla "corrupta" y "antidemocrática", ha abierto causas a periodistas y decenas de funcionarios de justicia que investigaron sonados casos de corrupción, lo que ha llevado a varios a exiliarse.
En sus 11 meses de gobierno, Arévalo no ha logrado la destitución de Porras, quien lideró una ofensiva en 2023 para evitar que el socialdemócrata asumiera el poder y es cercana a Giammattei.
"La justicia en Guatemala está en crisis por un Ministerio Público cooptado", insistió el mandatario, quien ya citó a Porras en enero apenas asumió al poder, pero ella rechazó el encuentro.
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