Lo que Backus podría pagar por los daños al Intihuatana

8 Mar 2005 | 19:00 h

Agencia J. Walter Thompson, ex funcionarios del INC y productora contratada también deben responder por lo sucedido con el reloj solar inca de Machu Picchu. Denuncia penal fue admitida por Poder Judicial

NEGLIGENCIA. El daño causado al reloj solar ubicado en la ciudadela Machu Picchu se produjo el 8 de setiembre del 2000. Se busca que esas acciones no se repitan.

Para tener en cuenta

PATRIMONIO DEL MUNDO. La piedra lítica Intihuatana ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación (ley 23765 y D.S. 001-81-AA) y Patrimonio Cultural de la Humanidad mediante Resolución Legislativa Nro. 23349 que aprobó la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la Unesco.
EL JUEZ. Luis Gavancho Chávez, juez provisional del Sétimo Juzgado Civil de Lima, es quien lleva el caso. Admitió la demanda el 2 de febrero de este año.


UNA INDEMNIZACIÓN DE 12 MILLONES DE DÓLARES • Agencia J. Walter Thompson, ex funcionarios del INC y productora contratada también deben responder por lo sucedido con el reloj solar inca de Machu Picchu.
• Denuncia penal fue admitida por Poder Judicial.

Una decisión tardía, pero que era impostergable. La Procuraduría Pública del Ministerio de Educación denunció a los responsables de los daños ocasionados al monumento arqueológico Intihuatana, ubicado en el Santuario de Machu Picchu, durante la filmación de un comercial de cerveza en setiembre del 2000, entre estos incluyó a la compañía cervecera Backus y Jhonston. El MED pidió una reparación civil de US$ 12 millones.

De esta manera, lo que pretendía ser un reconocimiento a nuestra identidad nacional –so pretexto de posicionar una marca en el mercado– terminó en un grave atentado contra nuestro patrimonio cultural.

Todo ocurrió el 8 de setiembre del año 2000, cuando un equipo técnico de 30 personas de la empresa Cecilia Castillo Productora, por encargo de la agencia J. Walter Thompson, ingresó al Santuario de Machu Picchu para grabar un comercial denominado ‘Cusqueña Intihuatana’.

Con ese objetivo hicieron ingresar una grúa de más de media tonelada de peso, luego de retirar las sogas que cercaban la piedra, violando entonces su intangibilidad.

Lo peor ocurrió cuando el brazo de la grúa chocó contra el monumento lítico causando una ruptura en una de sus aristas (12 cms. de largo por 7 cms. de ancho, por 4 cms. de espesor), dañando de manera irreparable uno de los principales elementos de la cosmovisión de los antiguos peruanos.

Pero si la productora y quienes la contrataron son los responsables de este delito, igual responsabilidad tienen los funcionarios del INC-Cusco de esa época, quienes permitieron el ingreso de una maquinaria de casi 800 kilos.

Dos días antes, el director de la entidad en ese entonces, Gustavo Manrique Villalobos, autorizó ilegalmente la filmación de dicho comercial previo pago de derechos por S/.750, según recibo de caja número 027480.

¿Descuido o negligencia?

En lo que no repararon Manrique ni el ex director del parque arqueológico Héctor Walde Salazar es que según la Guía de Servicios 2000 del INC, son requisitos indispensables para la filmación profesional con fines comerciales o culturales la solicitud, el contrato y el comprobante de pago por la suma ya mencionada.

Sin solicitud formal y al no haberse celebrado un contrato previo al ingreso del personal y los equipos, el ex director del INC-Cusco no debió autorizar tal actividad. Walde Salazar también debió impedir el ingreso.

Carta importante

Según el procurador del MED, Róger Niego, un documento firmado por el ex presidente de la cervecera Alfonso Grados C. inculpa a Backus. En una carta dirigida al entonces director del INC, Luis Enrique Tord, el 1 de diciembre de ese año, Grados asegura que la empresa Cervecera del Sur contrató con la agencia J. Walter Thompson la producción de comerciales para cerveza Cusqueña, y que esta agencia contrató a Wilson/Conroy Producciones para ello. Además, señala que la grabación realizada por Cecilia Castillo Productora “era el material base para producir el comercial de cerveza Cusqueña”.

Precisión

RESPUESTA. En un comunicado, Backus afirma que luego del accidente, Cervesur colaboró para esclarecer los hechos, respetando las decisiones de las autoridades y contribuyó con las acciones requeridas para restaurar el daño.


Impune atentado contra la cultura

El procurador público del Ministerio de Educación, Róger Niego Arana, asegura que ninguno de los actores de este atentado cultural -como él lo define- se ha interesado en resolver este impase. “La restauración del monumento histórico tiene un costo alto porque hay un proceso de deterioro de difícil recuperación de la piedra dañada. Quien daña tiene la obligación jurídica y ética de ofrecer cómo reparar el daño”, afirma.

La demanda ya se ventila en el Poder Judicial y el expediente es el Nro. 2005-2665-0-0100-J-CI-7 del Sétimo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima. “Lo que queremos es que los responsables de este delito contra el patrimonio den la cara y ofrezcan una forma de reparación, que tendrá que determinar en su momento el INC”, asegura Niego Arana.

El Procurador del MED aún guarda la esperanza de que esta demanda sirva para reunir a las partes involucradas para llegar a una solución satisfactoria que permita reparar en algo el daño irreversible ocasionado en el Intihuatana, nombre que traducido al español significa “lugar donde se amarra el sol”.

También manifiesta que los casos que atentan contra el patrimonio cultural del Estado no deben quedar impunes y se deben dictar sanciones ejemplares que alerten y disuadan a quienes quieren lucrar con nuestros vestigios.

“En estos casos hay dos elementos: el penal, porque hay delito y una reparación del daño que se expresa en una indemnización. Y el efecto social y político, que sería advertir a quienes manipulen sin respeto el patrimonio histórico que merece como elemento sustancial de la identidad de nuestro pueblo”.

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