Ley General de Museos, una norma que amenaza con la censura y el control de la memoria

En los últimos años, una obra teatral, un museo y las tablas de Sarhua fueron acusadas falsamente de apología al terrorismo. Hace unos días, las artistas Karen Bernedo y Pilar Pedraza rechazaron quitar la imagen de Raida Cóndor, madre de uno de los asesinados por el Grupo Colina, en su muestra Las patriotas. Estas formas de censura se harían norma a través del Congreso, con la Ley General de Museos, que amenaza el arte, la cultura y el ejercicio de la reflexión.

El último 11 de junio, el Congreso aprobó el dictamen por unanimidad. La propuesta del congresista Alcides Rayme (Frepap) otorgaría un rol fiscalizador al Ministerio de Cultura, toda vez que, en su capítulo tercero, propone una serie de medidas punitivas contra el arte:

Tras su aprobación, gremios y especialista rechazaron la propuesta, debido a que reduce la capacidad creativa, empobrece la comunicación y nos aleja de la noción de verdad.

Mauricio Zavaleta, ex coordinador general del Lugar de la Memoria (LUM), sostiene que, si bien se necesita una ley de museos, esta no es la que merecen. “Se plantearía un ‘ministerio de la verdad’, si tal exposición es verdadera o no, eso no es posible, se presta a censurar discursos de museos privados y públicos”, expresó.

Del mismo modo, Cristina Vargas, de la Asociación de Museólogos del Perú, indica que la ley desconoce la situación museal del país y desestima a los actores del mismo circuito.

Para el historiador José Carlos Agüero, la norma “intenta legislar para que alguien pueda decidir sobre lo que es correcto e incorrecto. Imponer una idea de un censor, invocando supuestas justificaciones valóricas, supuestos valores democráticos”.

“Es para preocuparse. Quieren que tengamos una única versión, de bien y mal. Limita el pensamiento crítico”, expresó la artista Karen Bernedo.

Según la artista Pilar Pedraza, la norma los restringe como artistas, sin capacidad crítica: “Nos vamos a morir sin libertades, si pones algo que punza, nos hace preguntarnos, cuestionarnos”.

La materialización de la censura: lo que ya pasó

En 2015, la Dircote abrió una investigación por apología al terrorismo a la obra teatral La cautiva, de Luis Alberto León y dirigida por Chela de Ferrari, ambientada en el periodo del conflicto armado. En 2017, el Ministerio Público inició un proceso por presunta apología al terrorismo a dos fotógrafas. Ese mismo año, Guillermo Nugent renunció al cargo de director del Lugar de la Memoria tras cuestionamientos fujimoristas por la exposición “Resistencia Visual 1992”.

En 2018, Dircote empezó un proceso por apología al terrorismo contra 34 cuadros que retrataban lo sucedido en Sarhua. En mayo de ese año, el excongresista Edwin Donayre, ahora preso por caso Gasolinazo, denunció una supuesta apología al terrorismo en el LUM.

“Lo que hizo Donayre fue invocar esta norma, que no existía en ese entonces, pero que era tácita entre los políticos. Ellos creen saber lo que la patria necesita recordar”, recuerda Agüero.

Como mencionamos, las artistas Pilar Pedraza y Karen Bernedo sufrieron la censura de Las Patriotas, que aborda la lucha femenina, a doscientos años de la Independencia. Hubo un tipo de incomodidad, aseguran. Su muestra duró un día. Pero fue repuesta en el Centro Cultural Ricardo Palma de Miraflores, tras quejas ciudadanas.

“No hay respeto al trabajo, lo que ha sucedido puede sentar un buen precedente, con la unión de gremios, con levantar la voz”, agrega Pedraza.

Contra el marco normativo

Desde un marco normativo, la ley atenta también contra el orden democrático y constitucional del país, en específico, contradice el artículo 2, numerales 4 y 8, de la Constitución Política; además, niega los acuerdos internacionales a los que está suscrito el Perú como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 15 establece respetar la indispensable libertad para la investigación científica y la actividad creadora.

“Si ves las libertades fundamentales de la Constitución, hay una libertad de expresión que no puede ser coactada, también la libertad creadora. Una muestra recoge un tema y con la ley hará una revisión de si va en contra de lo que ellos consideren. Qué parámetros van a utilizar”, acota Cristina Vargas.

En relación con la apología al terrorismo, el delito ya está tipificado en el Código Penal, por lo que, para Zavaleta, no es necesario incluirlo en una ley de museos y si hay una muestra que hace apología al terrorismo, de manera abierta, debe ser contestado por la vía política.

“Esta ley es pura sanción, toda la ley es mutilar, no dice en ningún momento si se motivará a los museos. Rarísimo, es lo que denunciamos. ¿Qué parámetros van a regir en esta ley?”, reitera Pedraza.

Monopolizar la memoria

Otros sugieren que la ley construiría un mito sobre temas históricos para evitar los cuestionamientos e impulsar una narrativa de “verdad” vinculada con los sectores de poder.

“Haría un monopolio de las posibilidades de los recuerdos difíciles. En la época de la violencia todos tienen una historia que contar. Lo que podríamos tener como acervo de memoria, se vería limitado. No podrías hacer un recuerdo público”, comenta.

El autor de Los rendidos cuestiona también que la apropiación de la interpretación del recuerdo volvería a la ciudadanía dogmática, toda vez que consagraría a un sector de poder o a militares conservadores dentro una saga de héroes de la patria. Sin embargo, reitera: “no digo que (los grupos de poder) no tengan derecho a tener recuerdos, lo malo que genera es que creen que sea la única”.

Desde ese punto de vista, habrían memorias que importan más que otras, unas que representarían supuestos valores democráticos, mientras que el resto no. Pero, las memorias son diversas y cada una es relevante dentro de un proceso histórico. En palabras de Zavaleta, se trata de entender la complejidad de un periodo, sin ser condescendientes con ciertos discursos negacionistas.

En ese aspecto, Karen Bernedo sostiene que la ley hace que la memoria dependa de la visión del funcionario, por lo que debería “haber una autonomía ética, que permita contar y exhibir lo más fiel posible”.

Pero la multiplicidad de las memorias no implica un relativismo, pues ya hay una verdad sobre los hechos.

Recuperar la verdad, una lucha ciudadana

Pero la memoria no solo es un asunto cultural, es un mundo simbólico, que forma parte de la lucha ciudadana, pues, sostiene Agüero, la subjetividad está vinculada a la experiencia de vida y el mundo afectivo. Al verse obstaculizada esta construcción por la norma, se aumentaría la desigualdad simbólica.

“Hay que empezar a recuperar el sentido de la verdad, no todo es relativo, todo se construye de manera difícil, hay que empezar a defenderlos con mayor ahínco. Hay muchas razones para no sentirse orgulloso de nuestro país, ha sido violador de derechos. Se comparten vergüenzas colectivas”, menciona.

Piden observación del Ejecutivo

Los gremios del sector cultural instan al Ejecutivo a que observen la ley, además han remitido su pronunciamiento al Congreso. “Pedimos que se realice un proceso colaborativo y participativo, la Ley General de Museos que está ahí lo necesita”, agrega Cristina Vargas.

Del mismo modo, Zavaleta indica que lo mínimo que debería pedirse al Congreso es que escuche al sector especializado y no se apruebe por insistencia.

Al cierre de esta nota, el Ministerio de Cultura informó que la autógrafa aún no llegaba a su despacho y no podían pronunciarse.