Ministra Galarza: “El transporte público deberá usar combustibles más limpios”

La titular del Ambiente, Elsa Galarza, aseguró que el Perú es aún muy vulnerable en lo relacionado al cambio climático.

 

5 Ago 2017 | 6:39 h

Hace un año, al asumir el cargo, Elsa Galarza anunció que trabajaría en varios frentes. Entre ellos destacó la adaptación al cambio climático, la gestión eficiente de los residuos sólidos, la prevención de la contaminación y la protección de la biodiversidad. ¿Qué se ha logrado?

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Después de El Niño costero, la gran pregunta es si el cambio climático realmente está en la agenda del gobierno

El Niño costero nos ha sensibilizado bastante y ha puesto el tema en la agenda real. Durante años hemos participado en las convenciones sobre cambio climático. Somos conscientes de que el Perú es muy vulnerable. Lo importante es avanzar en la agenda interna. Un ejemplo clarísimo es que la Ley de Reconstrucción con Cambio.

¿La situación del norte servirá para probar políticas de adaptación y mitigación?

Sí. Y se está trabajando una serie de instrumentos. Hasta ahora las acciones eran más que todo voluntarias, pero con la aprobación de la Ley de cambio climático, que espero sea en esta legislatura, los sectores van a tener un mandato legal.

¿Qué trae esta ley?

Se obliga a los sectores a tener un enfoque de cambio climático. Por ejemplo, si vamos a hacer política de transporte público masivo, se deberán considerar combustibles más limpios. No es un tema exclusivo del sector público, se necesita involucrar al sector privado y a la sociedad civil.

La adaptación en transporte es parte de los compromisos asumidos por el Perú...

Asumimos un compromiso de reducción del 20% (de emisiones) al 2030, pero no hemos especificado en qué. Esa es la labor de un grupo de trabajo que en 180 días tendrá que darnos un informe de cuáles van a ser las acciones y cuánto de reducción implica.

¿Se tiene el aporte del sector privado, que suele ser desconfiado a este tipo de cambios?

La ley ha sido socializada. En América Latina solo México tiene una ley de cambio climático, así que estamos muy proactivos. Se va a marcar un hito.

En relación a la gestión de residuos, se sabe que hay una brecha muy grande...

La brecha en infraestructura se ha contabilizado en S/ 5 mil millones. A nivel nacional solo tenemos 24 rellenos sanitarios, pero tenemos 1.800 botaderos que deben ser cerrados. Necesitamos 270 rellenos.

Existe una ley de residuos…

En diciembre del año pasado promulgamos la Ley Integral de Residuos Sólidos y ya hemos prepublicado el reglamento. Estamos trabajando los comentarios y en unos quince o veinte días podemos tener la norma lista. Le va a dar al sector privado un marco legal para empezar a generar industria.

Con este modelo, ¿en cuánto podría cerrarse la brecha?

Este año hemos empezado la construcción de cinco rellenos sanitarios que se terminarán pronto, pero vamos a tener dieciséis municipalidades más con equipamiento. La segunda etapa implica un financiamiento para cerrar los botaderos. La siguiente etapa es de US$ 100 millones para intervenir en 25 ciudades. La meta al Bicentenario es que todas las ciudades a nivel de provincias puedan tener el sistema totalmente integrado. Estamos estudiando en cuántos de los distritos estarán.

¿Qué se ha avanzado en prevención de la contaminación?

Encontramos una normativa muy dispersa, desactualizada y con poco fundamento técnico. Hoy tenemos promulgados nuevos estándares de calidad de aire y de agua. El de suelos está en consulta.

Se criticó que se relajaran los estándares de aire…

En el caso del dióxido de azufre, que crea ese problema, teníamos un estándar de 20 microgramos por metro cúbico, que era incumplible. Hoy, el estándar es 250, como en Chile. Donde hay que trabajar es en los límites máximos permisibles porque esos son fiscalizables y no se cambian desde 1996.

A propósito de la fiscalización, ¿se va a fortalecer la OEFA?

Se van fortalecer todas las instancias de monitoreo, como OEFA, ANA, Senamhi y varias instituciones que no conversan entre sí. Para que sea una red tiene que haber protocolos similares y certificación de equipos.

¿Se ha trabajado por el lado de las sanciones?

Hallamos un sector productivo que se quejaba mucho de que las multas eran inmensas. Hoy estas tienen criterios muy claros: te doy simplificación administrativa, para no cargarte de costos, te doy transparencia, pero soy muy fuerte en la fiscalización.

En relación a la biodiversidad, hay procesos pendientes de categorización de áreas naturales protegidas (ANP)..

El principal reto que hemos encontrado con nuestras ANP, que abarcan el 15% del territorio nacional, es que necesitamos hacerlas sostenibles. Una de las estrategias, como ha ocurrido en Paracas, es generar turismo para permitir la sostenibilidad financiera. En donde no va a haber turismo, se trabaja con las comunidades. Todas nuestras áreas protegidas están amenazadas por la minería, tala ilegal y narcotráfico.

El presidente reconoció que le hubiera gustado hacer más, ¿eso aplica para su sector?

Nos hemos concentrado en arreglar la casa. Nuestro éxito depende de que otros ministerios incluyan el enfoque ambiental.

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