Idoneidad y previsibilidad

A propósito del caso Pativilca y la audiencia de la Corte IDH.

30 Ene 2018 | 6:05 h

Dos cuestiones previas y de principios deben ser precisadas por el Gobierno en relación a los procedimientos de revisión del indulto a Alberto Fujimori: el papel de la defensa judicial del Estado en el caso Pativilca, donde se lleva a cabo el control de constitucionalidad para ver si se le aplica a Fujimori el derecho de gracia, y la audiencia de control de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respecto a los casos La Cantuta y Barrios Altos, instancia que se pronunciará sobre el indulto.

En ambos casos debe quedar establecido el respeto a las normas establecidas, a los procedimientos en curso, garantizando el principio de idoneidad de las partes.

En el caso Pativilca se ha empezado mal. Un día antes de que se realice la audiencia de control de acusación, el Consejo de Defensa Jurídico del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia (MINJUS), cambió al procurador Amado Enco encargado del proceso, reemplazándolo por otro abogado. Esta decisión fue en respuesta al documento enviado por Enco el 24 de enero a la Sala Penal Nacional de la Corte Superior de Justicia donde solicita la inaplicación por incompatibilidad constitucional de la gracia que recibió Fujimori, explicando que esa gracia presidencial no aplica en el proceso en curso por la presunta comisión de delito contra la tranquilidad pública y asociación ilícita para delinquir, en agravio del Estado.

Lo sucedido es grave en la medida en que se trató de un acto expresamente destinado a favorecer al gobierno en un proceso. Para concretarlo debieron publicar una edición extraordinaria del diario El Peruano y forzar una reunión del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, una festinación de trámites que solo hace recordar las normas sorpresa en la década de los noventa. 

En este punto queda evidente que, en el camino de defender un ilegal indulto, el Gobierno está deteriorando las instituciones que forman parte de la administración de justicia, una injerencia reprobable que solo confirma la falta de respeto a las normas en las gracias objeto de cuestionamiento.

Del mismo modo, de cara a la audiencia de la CIDH se han escuchado voces que preanuncian que el Estado no debe acatar el fallo de este organismo. Es cierto que la premier Mercedes Aráoz no ha insistido en una anterior declaración en la que contraponía el sistema interamericano de DDHH con la Constitución. No obstante, tampoco se han tenido expresiones que garanticen que nuestro país cumplirá la sentencia de la CIDH, sea cual fuese su contenido. En cambio, a pesar de lo que señala la última encuesta de GfK, algunas voces insisten en rechazar a la Corte IDH.

De ese modo, contando con ese silencio, el Perú se apresta a asistir a la CIDH sin ese pronunciamiento formal, muy necesario. Debe recordarse este respeto a las cortes internacionales ahora que se cumple un año más de la sentencia de La Haya en relación a los límites marítimos, un proceso donde el Perú, de manera ejemplar, demostró que respetaba la sentencia de un tribunal constituido con base en un tratado firmado y ratificado por las partes.

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