Habla Castañeda

El silencio no puede ser una forma de gobierno.

17 Ene 2018 | 6:05 h

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) ha certificado las 25 mil firmas presentadas por la iniciativa Habla Castañeda, de modo que ahora sí el alcalde de Lima Luis Castañeda deberá responder el pliego de preguntas planteadas por el colectivo que ha impulsado esta iniciativa desde agosto del año 2016.

Este pedido es trascendental en varios sentidos. Uno de ellos es su carácter inédito; es la primera vez que, en aplicación de la Constitución y de la Ley 31 de la Ley de Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley N° 236000, los ciudadanos exigen a una autoridad local la rendición de cuentas. El artículo 31 de dicha ley obliga a los interpelados a una rendición forzosa de cuentas respecto a la ejecución presupuestal y el uso de recursos propios. Las 108 preguntas dirigidas al alcalde están agrupadas en 17 temas, entre los cuales se encuentran los presupuestos de las obras, el control del avance de estas, las concesiones, el transporte, entre otros aspectos de la vida de la ciudad sobre lo que solo hay silencio oficial.

Este logro del control ciudadano sobre el poder es meritorio tomando en cuenta las dificultades para el recojo de las firmas y la hostilidad de la actual administración municipal hacia los regidores que se comprometieron con la iniciativa. Debe recordarse que la mayoría de los 16 regidores elegidos para actuar como opositores, pertenecientes a cinco listas (Apra, Diálogo Vecinal, Perú Patria Segura, Fuerza Popular y PPC), se pasaron casi inmediatamente al lado del oficialismo, y que los personeros del alcalde de Lima acreditados ante el RENIEC libraron una batalla para impedir este resultado.

Lo que sigue es el proceso mediante el cual el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) evaluará la pertinencia del pliego interpelatorio, es decir, si se adecúa a los asuntos de la actual gestión, y notificará al alcalde para que responda. Esta fase no estará exenta de probables gestiones dilatorias de la comuna limeña.

Lo sucedido debe llevar a una reflexión apropiada respecto de los deberes de las autoridades elegidas por el voto popular. En el contexto de una profunda crisis de confianza, la falta de transparencia opera como un conductor de la desilusión. Una parte de la cuantiosa aprobación perdida por la actual administración municipal de Lima tiene que ver, además de los errores cometidos, con la subestimación de los pedidos de información y transparencia y la arbitrariedad manifiesta en la toma de decisiones. Que los ciudadanos obliguen con sus firmas a un alcalde a informar significa asimismo una sanción moral.

Este suceso coincide con el aniversario de la capital, una ciudad que merece un enfoque de gestión que supere la etapa en que el silencio era la forma aceptada y aplaudida de gobierno. En un año electoral que renovará los gobiernos locales y regionales, es muy positivo para el debate público que quede establecido que la falta de diálogo y de transparencia no es un atributo de la gobernanza sino una señal de su empobrecimiento. Nunca más un gobierno mudo.

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