El pedido de Fuerza Popular busca bloquear la investigación de la Fiscalía

Apelación al allanamiento. Recurso presentado por el fujimorismo apunta a anular los efectos de la incautación de sus libros contables y otros documentos. Es decir, que no sirvan para una eventual acusación a Keiko Fujimori y sus colaboradores.

13 Dic 2017 | 6:15 h

El pedido de Fuerza Popular para que se invalide el allanamiento hecho por la Fiscalía a sus locales la semana pasada apunta a sabotear la investigación que realiza el fiscal José Domingo Pérez. De lograr su cometido, se evitaría que los fiscales usen el material incautado para sustentar imputaciones a la ex candidata Keiko Fujimori y sus colaboradores.

Los documentos fueron requisados para que los fiscales los revisen exhaustivamente en busca de pruebas de lavado de activos. Sin embargo, por más hallazgos que tengan, la anulación del allanamiento impediría que estos sirvan para una denuncia contra los fujimoristas implicados.

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El recurso de apelación fue presentado la mañana del lunes al despacho del juez Richard Concepción Carhuancho, que autorizó el allanamiento. Este debe calificar el pedido, es decir, decidir si cumple los requisitos formales para que una instancia judicial superior evalúe. En los próximos días se convocaría una audiencia para esta calificación, en que Fuerza Popular debería exponer sus razones.

Si se considera que el recurso cumple las exigencias formales, el pedido pasará al Colegiado A de la Sala Penal Nacional, tribunal presidido por la vocal Inés Villa Bonilla. Por ser coordinadora del área, Villa suele ceder su lugar a la magistrada Porfiria Condori. Este colegiado debe decidir si se anula o no el allanamiento.

En la Fiscalía, temen que un proceso de apelación bloquee la revisión del material incautado; es decir, que no pueda avanzarse esta indagación porque, de fallar la sala a favor del pedido de Fuerza Popular, lo requisado tendría que devolverse al partido.

En el caso del aeropuerto de Chinchero, también a cargo del fiscal Pérez, luego del allanamiento a la empresa Kuntur Wasi, un recurso impidió que se revise una computadora incautada, según explicaron fuentes de la Fiscalía.

Sin embargo, sería necesario un recurso de tutela de derecho, que apunta a invalidar pruebas, no solo una apelación. En Fuerza Popular, la tutela de derecho se ha mantenido en la baraja de opciones, dice un informante 'naranja'.

De hecho, si la sala superior da la razón al fujimorismo en su apelación, el fiscal Pérez no podría aprovechar el material incautado porque sería considerado prueba obtenida ilícitamente. Si se utiliza, Fuerza Popular podría interponer un recurso de tutela de derecho.

"A partir de lo que esa apelación resuelva, hay una serie de consecuencias que se pueden dar con el material que haya sido obtenido con los allanamientos. La apelación sirve para que un superior jerárquico reexamine la decisión del juez Concepción", explicó un integrante del Ministerio Público.

A lo incautado en los locales de Fuerza Popular en Lima, sobre todo en el 'bunker' de Keiko en Surco, se suma lo que viene de San Martín. En esta región, se allanaron inmuebles de presuntos aportantes fantasmas a la campaña 'naranja' en el 2011. En esta trama, San Martín aparece como uno de los epicentros de la falsificación 'naranja' de donaciones.

Lo niegan todo

En el documento de apelación, el fujimorismo rechaza haber tenido doble contabilidad, cuestiona el conocimiento de la Fiscalía en esta materia y niega diferencias en sus libros. “El Libro Caja que se entregó a la Divila (División de Lavado) de la Policía para que elabore el dictamen pericial es el mismo que se entregó al Ministerio Público”, alega.

Sobre facturas de publicidad no registradas, aduce que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el partido subsanó las observaciones que le hizo.

Asegura que “todos y cada uno de los aportantes cuestionados están debidamente registrados e identificados en el Libro de Caja”. Resaltan que los aportes se bancarizaron, se registraron en los libros y eso se reportaron a la ONPE.

Para el penalista Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal, estos cuestionamientos se refieren al fondo del asunto, lo que complicaría que su apelación tenga éxito.

"Si el tribunal le da la razón casi lo estaría absolviendo porque está yendo al fondo, sería casi prevaricador. No es el momento de ver el fondo porque el allanamiento es un acto de investigación", anotó.

Considera que la medida se dio con toda legalidad, pues la autorizó un juez. Al cuestionar la decisión de Concepción, que validó los argumentos del fiscal Pérez, el fujimorismo intenta un efecto dominó que impida que lo incautado les complique en los tribunales.

"Están buscando en realidad la anulación de un acto de investigación", resalta Rivera.

Rommy Chang, profesora de Derecho Penal de la Universidad Católica (PUCP), considera que la sala resolvería la apelación pronto para no perjudicar el trabajo del fiscal.

"Estar en fiestas complica la situación. Pero la sala es consciente de que es un tema de especial interés público y que la Fiscalía tiene un plazo para hacer su investigación. Estar supeditada a esta apelación complica su labor", dice.

Llama la atención que se apele un hecho ya sucedido: los allanamientos.

"Si ya se hizo, no tiene sentido impugnar. Sin embargo, si se concede la apelación, lo que el Ministerio Público recabó ya no podría ser utilizado contra Fuerza Popular", comenta.

Queda claro lo que busca Fuerza Popular. Pero también que no la tendrá muy fácil.

Paso a paso

Dos documentos. El fujimorismo presentó un folio con observaciones a los argumentos de la orden de allanamiento y una apelación a esta medida. Solo este último apunta a un efecto.

Calificación. El juez Richard Concepción no ha calificado aún si la apelación pasa o no a una sala superior.

Decisión. Concepción ha pedido documentos a la Fiscalía para calificar el pedido. Luego, pasaría a una sala que debe resolver con celeridad.

Si el juez Concepción Carhuancho considera que el recurso cumple las exigencias, pasa al Colegiado A de la Sala Penal, presidido por Inés Villa o Porfiria Condori.A lo incautado en los locales de Fuerza Popular en Lima, sobre todo en el ‘búnker’ de Keiko en Surco, se suma lo que viene de San Martín, uno de los epicentros.

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