Fiscal Sánchez no se amilana: “Nadie impedirá que sigamos investigando”

Pablo Sánchez. Ministerio Público rechaza la denuncia constitucional del vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry. Pedido de destitución obedece al temor a las investigaciones a Keiko Fujimori y el interrogatorio a Marcelo Odebrecht por el caso Lava Jato, responde el Ministerio Público. Denuncia no presenta ninguna prueba y solo opiniones críticas de los políticos y congresistas.

7 Nov 2017 | 6:17 h

Compromiso de trabajo. Respeto a la ley. Unidad ante los ataques. Esta fue la respuesta del Ministerio Público ante la denuncia del congresista fujimorista Daniel Salaverry contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde.

Las denuncias por hacer su trabajo no asustan a los fiscales ni los harán variar su forma de trabajo. Si hay algo que hoy tienen presente es el recuerdo de la ex fiscal Blanca Nélida Colán Maguiño y los años 90.

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Ningún fiscal quiere ser como Colán Maguiño. Una época, en la que la fiscalía estuvo sometida al poder político de turno, con fiscales temerosos y sumisos a los designios e intereses de los congresistas del fujimorismo. Eso es cosa del pasado.

Represalia

Los fiscales tienen claro que la denuncia contra el fiscal de la Nación responde a la reapertura de la investigación por lavado de activos al ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez o el viaje del fiscal José Domingo Pérez para interrogar al ex presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, sobre anotaciones en su agenda sobre Keiko Fujimori y las iniciales "AG", que se suponen referidas al ex presidente Alan García.

Una investigación que en los años 90 no habría sido posible. En esa época, un Fujimori estaba libre de toda sospecha o pregunta incómoda En vez de una investigación, se habría emitido una resolución declarando su "inocencia" y desacreditando cualquier denuncia.

El cambio generacional producido en la fiscalía en estos años se hizo evidente la tarde de ayer. Al concluir las actividades diarias, los fiscales de todos los niveles se fueron reuniendo en el auditorio del piso 11 del Ministerio Público para dar su respaldo al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.

Todos son conscientes de que guardar silencio puede ser fatal. En los 90, el régimen dictatorial de Alberto Fujimori tomó el control del Ministerio Público descabezando a los fiscales supremos y, luego, estableciendo una interventora Comisión Ejecutiva.

Lo mismo pasó en el Poder Judicial. En esos años, los magistrados titulares fueron reemplazados por jueces y fiscales provisionales.

Más trabajo

"Ante las amenazas, más trabajo y unidad", fue el grito en común de los fiscales especializados anticorrupción, de lavado de activos, de las fiscalías penales de Lima, de los de las áreas civil, administrativa, personal administrativo y el pleno de los fiscales supremos.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, salió a agradecerles y renovar su compromiso de trabajo. Los actuales magistrados se formaron en la investigación a la red de corrupción del fujimorismo y tienen claro lo que no deben hacer.

"Agradezco su respaldo a un fiscal que lo único que hace es trabajar. Yo trabajo bastante, al igual que ustedes. Lo único que hacemos es cumplir lo que dice la Constitución y las leyes", señaló un orgulloso Pablo Sánchez.

"En el Ministerio Público –continuó– se investigan hechos delictivos. Se investiga sea quien sea y se encuentre dónde se encuentre. Nadie tiene corona. Se investiga a todos".

El fiscal de la Nación añadió que "cuando alguien se siente aludido, afectado o tiene temor de una investigación, aparecen reacciones apresuradas, temerosas", en clara referencia a la denuncia del congresista Salaverry.

Pablo Sánchez dejó en claro que eso no va a impedir que los fiscales dejen de hacer su trabajo en defensa de la ley y la Constitución.

"Nosotros no aceptamos ningún tipo de amenazas o presiones, de personas o grupos que se sienten, quizá, con el temor de ser investigados. ¿Qué temor hay a que se les investigue? Si no han hecho nada, nada pasa absolutamente", afirmó el fiscal de la Nación, entre aplausos.

Sin temor, sin miedo

"Aquí –prosiguió Sánchez– no hay temor de nada. Las investigaciones las hacemos con mucho cuidado, con mucha reserva. No hay esquemas de trabajo político. No hay políticos ni manos negras en la fiscalía. Se investiga a personas".

Anotó que hay personas o grupos políticos que no "quieren que se pregunte cuál es el origen de ciertos dineros, sobre qué relación hay entre una persona con alto poder del Estado vinculado a facinerosos al margen de la Ley"

Agregó que a estas alturas no se va a amilanar. "Acá no vamos a tener miedo de luchar contra la corrupción. No más corrupción en el Perú. No descenderemos a ciertos niveles, a los que llegan solo los que tienen vergüenza de sí mismos y de lo que hacen", dijo.

Viejos, malos recuerdos

La denuncia del congresista Daniel Salaverry afloró en la magistratura los recuerdos de la dictadura fujimorista. Una denuncia sin sentido, sin argumentos, que no menciona hechos y que solo expresa un total desconocimiento y manipulación de las normas legales y la opinión pública.

Lo mismo que sucedió en las años 90 con el único objetivo de desacreditar la administración de justicia, intervenirla y, de esa manera, controlarla.

Es decir, si los fiscales hacen lo que los fujimoristas quieren ver, denuncian e investigan a sus rivales políticos, entonces todo sería perfecto. Eso es un total sin sentido que va contra la democracia.

El Ministerio Público debe investigar sin mirar las preferencias o gustos políticos. Si alguien no está de acuerdo con sus decisiones, existen los mecanismos procesales para oponerse o buscar que esa decisión cambie.

Salaverry acusa al fiscal Pablo Sánchez Velarde de no cumplir su función, pues no habría dispuesto que se investigue a las empresas consorciadas con Odebrecht, pues hasta el momento no se toma ninguna medida contra ellos.

Por ello, el vocero de Fuerza Popular pide su inmediata destitución del Ministerio Público para que, dice, se reencausen las investigaciones.

Salaverry sustenta la denuncia en una encuesta de opinión pública de Ipsos, de enero de este año, que otorgó un 57% de credibilidad al Ministerio Público en la investigación del caso Lava Jato.

Pero este es un porcentaje alto. Los niveles de aprobación del Poder Judicial y el Ministerio Público suelen ser bajos, muy bajos, históricamente. La misma encuesta otorgó un porcentaje de credibilidad al Congreso en ese mismo mes.

Otra encuesta de Ipsos, de agosto último, reveló que el 76% de la población considera que la fiscalía debe investigar los presuntos aportes de Odebrecht a Keiko Fujimori y el mismo porcentaje considera que recibió dinero. Pero es una encuesta de opinión, no es una prueba de nada.

Críticas

El segundo sustento de la denuncia de Salaverry es una serie de críticas realizadas por el congresista aprista Mauricio Mulder al fiscal de la Nación y el Ministerio Público, desde enero pasado. Todas ellas opiniones políticas sobre la actuación del Ministerio Público que no revelan ni aportan ningún hecho ilícito concreto.

El legislador parecía desconocer que ninguna autoridad puede ser sancionada por una encuesta o las opiniones de un político. Eso va contra la ley. Las personas y las autoridades responden por acciones o hechos concretos. No por las opiniones que sus decisiones puedan generar en la opinión pública.

De acuerdo con la norma, el fiscal de la Nación representa al Ministerio Público, pero no dirige las investigaciones. Las investigaciones competen a los fiscales provinciales y superiores. Son ellos los que toman las decisiones y los que responden por cualquier responsabilidad.

Esto sucede en la investigación del caso Odebrecht. El fiscal de la Nación puede dar pautas generales, políticas institucionales, pero no decide en ningún caso particular.

Luego de un año de investigación, el caso Odebrecht tiene importantes avances. También hay, es cierto, algo de estancamiento, pero hasta ahora no hay evidencias o pruebas de que sea fortuito.

Salaverry no aporta ninguna prueba concreta de que el fiscal de la Nación esté impidiendo alguna investigación. El viernes último, el fiscal Sergio Jiménez informó que los consorcios peruanos están siendo investigados. 

Investigación

Consorcio. El Equipo Especial del caso Lava Jato investiga a las empresas consorciadas con Odebrecht en el Perú, bajo reserva. Además, el colaborador Jorge Barata habló de acuerdos con los consorcios para compartir los gastos de las coimas, pero no identificó a personas específicas en cada caso.

Pruebas. La fiscalía tiene las declaraciones de Jorge Barata, pero se necesitan pruebas físicas adicionales para tomar alguna acción especifica contra empresas como Graña y Montero. Estas pruebas podrían salir de peritajes contables y financieros que se están trabajando y toman tiempo elaborarlos y sacar conclusiones que sirvan para una investigación.

“¿Qué temor hay a que se les investigue? Si no han hecho nada, nada pasa absolutamente”, dijo entre aplausos el fiscal de la Nación.El viernes último, el fiscal Sergio Jiménez reveló que se están investigando las finanzas de las empresas consorciadas con Odebrecht.

"Seguiremos adelante, caiga quien caiga"

La Junta de Fiscales Supremos y desde Brasil el ex procurador general Rodrigo Janot rechazaron el intento de sancionar al fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por investigar la corrupción vinculada a las empresas constructoras brasileñas.

La Junta de Fiscales Supremos expreso su firme convicción y compromiso en defensa de los principios de autonomía e independencia del Ministerio Público. El respaldo al fiscal de la Nación se hizo extensivo a todos los fiscales que investigan casos de corrupción.

"En forma categórica exigimos respeto a la labor del Ministerio Público y de los demás órganos autónomos, dentro del marco Constitucional que impone un Estado de derecho" y expresa a la ciudadanía que en respeto a la Constitución rechazan "cualquier manifestación que pretenda influir o amedrentar a los fiscales", precisó la Junta.

El ex procurador general Rodrigo Janot señaló que la denuncia contra el doctor Sánchez forma parte de una corriente en Sudamérica de amenaza y represalia del sistema político por investigar la corrupción. "La autonomía de los ministerios públicos es fundamental para garantizar los derechos del pueblo y la lucha contra la corrupción", escribió en Twitter.

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