Cuestión de confianza: ¿qué significa la prerrogativa del Gabinete Ministerial?

Premier Fernando Zavala anunció que planteará al Congreso una cuestión de confianza a nombre todo el Gabinete, ello con la finalidad de evitar la censura de Marilú Martens.

13 Sep 2017 | 14:33 h

Un nuevo capítulo del enfrentamiento de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo está a punto de escribirse. El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, anunció este miércoles que plantearán al Congreso la cuestión a confianza a nombre del Gabinete.

¿Cuál es la razón? Según remarcó el premier en conferencia de prensa, con esta prerrogativa buscan evitar que la bancada de Fuerza Popular, primera mayoría del Parlamento, censure a la titular del Ministerio de Educación, Marilú Martens.

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La cuestión de confianza está amparado en la Constitución Política del Perú, precisamente en el artículo 133. La norma señala expresamente la facultad del primer ministro para aplicar esta medida.

"El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el Presidente de la República, se produce la crisis total del Gabinete", señala la Carta Magna.

Fernando Zavala acusó desde la PCM que Fuerza Popular actúa con “cálculo político”. Lamentó que con la censura que el fujimorismo acordó anoche promover, “se pone en jaque la revalorización de la carrera magisterial”. 

Posibilidad de disolución del Congreso

La medida constitucional, de acuerdo a la normativa, deberá ser evaluado por el Congreso de la República y votada en un pleno. Si la cuestión de confianza es rechazada, el Gabinete Ministerial tendrá que ser renovado. Ahora, si el Legislativo rechaza por segunda vez al Gabinete, el Congreso puede ser disuelto. 

“El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejo de Ministros”, expresa el artículo 134 de la Constitución

Se agrega que “el decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente”.

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