De tránsfugas y disidentes

5 Sep 2017 | 6:00 h

Cuando Ollanta Humala ganó la presidencia en 2011, Gana Perú contaba con 47 curules y era mayoría en el Parlamento. Cinco años después, al término de su gobierno, la bancada oficialista había perdido veinte congresistas y era superada en número por Fuerza 2011, que conservaba 34.

Hoy, Humala y su esposa Nadine Heredia están en la cárcel investigados por haber recibido tres millones de dólares en coimas de Odebrecht y nadie podría reprocharle a Marisol Espinoza o a Rosa Mavila que se hayan apartado de sus filas.

Apenas semanas después de la toma de mando, en el papel couché de una revista, Heredia dejaba en claro –envuelta en vestidos de diseñador y con el pelo lacio– que el partido había sido un medio para llegar al poder, y que ni a ella ni a su esposo le importaban el ideario, ni los compromisos con los electores.

¿Por qué no podría ocurrir lo mismo con los integrantes del actual oficialismo? ¿O con los congresistas invitados de Fuerza Popular que se sienten ninguneados por el partido (Patricia Donayre) o los del Frente Amplio?

El Tribunal Constitucional, aparentemente (porque el fallo todavía no se hace público oficialmente) cree que sí, sin que ello suponga pasar a la condición de paria. Antes que mantener la unidad de una bancada, está la libertad de los individuos. Eso dice la Constitución. Algunos congresistas como el aprista Mauricio Mulder opinan lo contrario, y reclaman que el Congreso es autónomo y se debe regular a sí mismo. Lo acompaña un coro de voces, todas interesadas en mantener la fuerza de la oposición fujimorista. Sin embargo, no es lo mismo meterse un ladrillo de billetes al bolsillo para cambiarse de camiseta como ocurrió en tiempos de Montesinos que renunciar a un grupo en el que uno ya no se siente parte. Pretender obligar a los congresistas a quedarse en sus bancadas bajo amenaza es tan descabellado como luchar contra la inseguridad prohibiendo que dos hombres viajen en moto. ¿O no?

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