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Argentina separa a la Iglesia del Estado y deja de pagar la asignación mensual a los obispos

La asignación económica era de unos 55.000 pesos al mes (US$66.71), pero dejó de aplicarse el último 1 de enero. 

El portavoz presidencial de Javier Milei confirmó a la prensa que la Conferencia Episcopal argentina terminó de hacer efectiva la renuncia a la asignación mensual. Foto: composición LR/EFE
El portavoz presidencial de Javier Milei confirmó a la prensa que la Conferencia Episcopal argentina terminó de hacer efectiva la renuncia a la asignación mensual. Foto: composición LR/EFE

Argentina dejó de pagar los sueldos mensuales de los obispos de la Iglesia Católica, según anunció la jerarquía eclesiástica en un comunicado difundido este miércoles 3 de enero. En este, se da a conocer una decisión que empezó a gestarse en 2018, cuando fue aprobada la ley del aborto.

El portavoz presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, confirmó este miércoles a la prensa que la Conferencia Episcopal argentina terminó de hacer efectiva la renuncia a la asignación mensual a través de la cual el Estado se hacía cargo de los salarios de algunos obispos y arzobispos.

Argentina separó a la Iglesia del Estado

"Esto coincide con los lineamientos de este Gobierno: la austeridad de gasto y la defensa de la libertad de culto. Entendemos que el Estado no tiene por qué dar un tratamiento desigual a una religión o culto sobre otra", comentó Adorni.

La asignación económica, cuantificada globalmente en unos 55.000 pesos al mes (US$66.71), dejó de aplicarse el último 1 de enero.

La ayuda se aplicaba en virtud de lo establecido en el artículo 2 de la Constitución de la Nación argentina. "El Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano", se lee.

Sin embargo, hace más de cinco años, la Conferencia Episcopal argentina se reunió con el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019), en medio de un clima político que reclamaba la separación entre la Iglesia y el Estado.

Las partes acordaron que la medida entraría en vigor al finalizar la Administración de Alberto Fernández (2019-2023).

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